Los exdelphi colocan la tercera demanda contra la Junta por incumplir los acuerdos

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delphi2--647x231La nueva denuncia ante el TSJA parte de la recién creada Asociación de Extrabajadores y se suma a las ya interpuestas en mayo y junio por UGT y USO

El colectivo exdelphi sigue su cruzada judicial contra la Junta por incumplir con el protocolo firmado entre ambas partes en junio de 2007, que regulaba el futuro de la plantilla tras el cierre de la factoría de Puerto Real. La Asociación de extrabajadores de Delphi, creada hace seis meses «ante la desconfianza del colectivo hacia los representantes legales establecidos y su labor hasta la fecha», informó ayer de que el pasado día 18 interpuso su propio recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la «inactividad de la Junta de Andalucía» en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su día con estos trabajadores en el protocolo del 4 de julio de 2007 y en los desarrollos posteriores.

Se trata de la tercera denuncia interpuesta por los extrabajadores contra la Administración regional. La primera la tramitó la federación andaluza del Metal de UGT a primeros del pasado mayo. La demanda contra la Junta de Andalucía es por incumplir los acuerdos de Delphi y por el «agravio comparativo» que a juicio del sindicato existe entre trabajadores del colectivo sin recolocar. La Federación presentó la demanda en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue admitida a trámite el día 29 del mismo mes. Más

La Audiencia provincial decidirá si el ‘caso Natura’ es competencia de Alaya

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ala--647x231La jueza de Algeciras ratifica su inhibición en el juzgado de Sevilla tras advertirle la Guardia Civil que sus diligencias están relacionadas con la investigación sobre la formación de los Delphi

La sección de Algeciras de la Audiencia provincial deberá decidir en las próximas semanas si la investigación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción nº 4 sobre irregularidades en la empresa Natura, dedicada a la formación de parados, viaja a Sevilla y pasa a ser competencia de la magistrada Mercedes Alaya que indaga en las subvenciones que se destinaron a acciones formativas que debían servir para el reciclaje del colectivo Delphi.

Hace unos meses, la Guardia Civil informó a la jueza de Algeciras que las pesquisas que se están dirigiendo en dicho juzgado desde 2012 guardan relación con otra investigación iniciada por el juzgado nº 6 de Sevilla y que el caso debía ser enviado a la capital hispalense para unificar en un mismo procedimiento lo que se entiende que es una ramificación de un supuesto fraude en la forma de concesión de las ayudas a la formación y las sospechas de que estas cuantiosas subvenciones se repartían de forma arbitraria y por criterios de afinidad. Más

Alaya imputa a Antonio Fernández por los cursos a los ex trabajadores de Delphi

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AFPSOEEl ex consejero de Empleo es el primer imputado y declarará ante la juez en octubre.

Cuando apenas ha cerrado la instrucción del caso de los ERE fraudulentos, la juez Mercedes Alaya ha dado un impulso a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación que, después de varios avatares, también va a instruir. La magistrada ha dictado un auto en el que ha imputado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en relación con las ayudas que la Junta concedió por importe de más de 52 millones de euros para el plan de formación de los ex trabajadores de la empresa Delphi.

Antonio Fernández se convierte, de esta forma, en el primer imputado en esta nueva causa que instruye la juez Mercedes Alaya, según han confirmado a este periódico fuentes del caso. La comparecencia del ex consejero en calidad de imputado ha sido fijada para finales de octubre.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero en la causa de los ERE, rechazó ayer pronunciarse sobre esta nueva imputación porque, según explicó a este periódico, no tiene conocimiento de este procedimiento ni de las razones para la imputación de Antonio Fernández en el mismo. “Es lamentable que una persona conozca por la prensa de una imputación que ninguna autoridad le ha comunicado y cuyas razones y fundamento ignora”, precisó el letrado. Más

La administración concursal de Delphi solicita en el juzgado el derribo de la planta

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DOCU_CADIZLos auditores han presentado a la titular de lo Mercantil su plan para reducir a escombros la fábrica y recortar gastos de mantenimiento

La alegación presentada por el Ayuntamiento de Puerto Real en el juzgado de lo Mercantil contra el derribo de la antigua factoría de Delphi ha encendido todas las alarmas ante la inminente demolición de este complejo industrial, ubicado en el polígono del Trocadero. Los administradores concursales que gestionan los intereses de los acreedores de Delphi han dado otro paso más en su empeño por reducir a escombros la factoría y han solicitado a la jueza de lo Mercantil, María del Castillo Mendaro, permiso para meter la pala en los terrenos. De momento, la titular del juzgado ha abierto un periodo de alegaciones entre la veintena de acreedores de Delphi sobre la viabilidad del plan de derribo. El Consistorio de Puerto Real, acreedor de la empresa, ha mostrado su rechazo a los planes de la administración concursal.

El servicio jurídico del Ayuntamiento considera que la demolición supone una reducción del valor patrimonial que va contra los intereses de los propios acreedores y sostiene que esta medida no aportaría beneficios para afrontar la deuda de casi 9 millones que dejó la multinacional cuando cerró en febrero de 2007. El objetivo de los administradores no es otro que reducir los gastos de mantenimiento de la vieja fábrica y obtener con su demolición algo de liquidez mediante la venta del hierro y del cobre que aún queda en el interior de las instalaciones. Más

El drama de Delphi: un lucrativo negocio…

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delphi--647x231El exconsejero Ojeda creó empresas para captar las ayudas a la formación del colectivo

El cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real ha sido el último gran terremoto laboral que ha sacudido el debilitado tejido industrial de la Bahía gaditana. De aquello hace más de siete años y las heridas siguen abiertas y supurando. 1.800 trabajadores vieron cortado de raíz su fuente de ingresos y pasaron a engordar la bolsa de parados que lastra a esta provincia a la cola del desempleo español. La empresa optó por buscarse un emplazamiento más barato y rebajar así los costes de producción. Ese movimiento de deslocalización cogió a la Junta, los ayuntamientos afectados por el seísmo social y al Estado calentando motores de cara a los comicios municipales de 2007 que se celebrarían en primavera y las elecciones generales y autonómicas que se convocarían al año siguiente. El roto era demasiado grande y había que taparlo como sea, no fuera que por el agujero se perdieran votos. Fue entonces cuando la Junta, con el respaldo económico de la Administración central, firmó el protocolo con los sindicatos representantes del colectivo que incluía una serie de acuerdos como la recolocación de todos los afectados por el cerrojazo de la multinacional. Hubo paz social y el PSOE revalidó su victoria en las autonómicas y en las generales. Pasó el tiempo, estalló una crisis económica de envergadura mundial y hoy en día, medio millar de trabajadores sigue esperando el tan ansiado puesto de trabajo. No llegan los 400 que lo lograron.

Pero antes de la desilusión hubo el anuncio de importantes partidas económicas para el reciclaje de estos trabajadores. Algunas de ellas fueron: 10,5 millones aprobados en 2008 por la Comisión Europea del Fondo de Adaptación a la Globalización para acciones orientadas a reinsertar al colectivo; 47,5 millones que el Gobierno central inyectó para un Plan de Empleo de la Bahía o 18 millones de euros que se incluían en los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Más

La juez cita como testigo al exconsejero Francisco Vallejo

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fotonoticia_20140716094605_644La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, que instruye la causa por el supuesto fraude del Plan Bahía Competitiva, ha citado a declarar al exconsejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, actual parlamentario autonómico, quien tendrá que acudir en calidad de testigo el próximo 31 de julio.

Fuentes del caso han confirmado a Europa Press este extremo que adelanta este miércoles ‘La Voz de Cádiz’. Según las citadas fuentes, la juez también ha solicitado al Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación gaditana toda la información relativa a la vida contractual con Teodoro Clavijo, extécnico de la Diputación y miembro de la comisión de evaluación de las ayudas del Plan Bahía Competitiva que está imputado en la causa. El exconsejero Vallejo quien prometió 2.370 puestos de trabajo

Asimismo, la titular del juzgado ha solicitado información sobre una empresa que el IEDT subcontrató para llevar a cabo tareas relacionadas con el Plan Bahía Competitiva, supuestamente “creada ex profeso para ello y cuyo único empleado era Clavijo”. Por ello, pide información acerca de la forma de contratación con dicha empresa y todos los proyectos empresariales que concurrieron con la misma para lograr subvenciones del plan que se investiga.

Cabe recordar que el caso ‘Bahía Competitiva’ investiga el presunto fraude millonario cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que ha dado nombre al procedimiento y que un total de 31 personas han sido detenidas en distinta fases de la investigación.

Se trata de una supuesta trama en la que, según resumía la Policía al darla por desarticulada, medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.

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Ayuntamiento de Puerto Real presenta ante el juzgado alegaciones al derribo de las antiguas naves de Delphi

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DELPHI--647x231La alcaldesa de Puerto Real (Cádiz), Maribel Peinado (PA), ha informado de que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz en contra del derribo de las antiguas naves de Delphi, al entender que de esa manera se pierde capacidad de atraer inversiones a la zona.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que lo que pretenden los administradores concursales es “la destrucción de bienes del activo que ha de servir para hacer frente a los créditos concursales por un valor de unos 8.150.450 euros –el 55 por ciento del valor del inmueble–”.

Según recoge el documento registrado por el Ayuntamiento puertorrealeño, para “tan drástica e irreversible decisión, la administración concursal sólo plantea que el mantenimiento desde el año 2011 al año 2014 ha supuesto el coste de 2.324.380,08 euros, sin tener en cuenta además ninguna solución alternativa, y lo que es peor, sin que se realice un análisis de cuál puede ser la incidencia en la liquidación de tal postura”.

En esa línea, el Ayuntamiento considera que la petición de derribo es “claramente insuficiente” y no ahonda en si la medida supondrá una mejora de la situación de la liquidación o si simplemente será “trasladar el problema a un futuro cercano con el perjuicio de que el activo inmobiliario habrá visto mermado su valor en más de un 50 por ciento y la posibilidad de realización del mismo será remota por necesitar de una mayor inversión para su puesta en marcha”.

El Consistorio entiende que la medida supondrá “pérdida de masa activa con la que hacer frente a los créditos por valor de entre siete y ocho millones de euros”. Además, la medida, ante las ofertas ya recibidas, “merma la posibilidad de conseguir la realización de los bienes, ya que hasta ahora todas las ofertas han sido respecto al suelo y edificaciones”.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento también aseguran que de llevarse a efecto el derribo, los interesados deberán hacer “un mayor desembolso para acometer cualquier actividad, hecho que además dilataría el inicio de cualquier actividad que hiciera interesante a un posible comprador dicho suelo industrial”.

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