El sindicato CGT ha denunciado hoy el incumplimiento de las promesas de recolocación de los ex trabajadores de la cerrada planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz) por parte de las empresas que se instalarán en la Bahía de Cádiz, ha indicado a través de un comunicado.

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CGT, parte firmante del acuerdo de cierre de Delphi, ha señalado la “incoherencia” entre la “retórica” sustentada por la Junta de Andalucía y los hechos que a diario los trabajadores de Delphi “viven y soportan: cursos y más cursos, promesas y más promesas y ninguna realidad concreta que garantice un futuro cierto y digno para más de 2.000 familias”.

Según ha asegurado el sindicato, de las garantías que supone la Junta en los acuerdos y pactos que suscribe con las empresas, una muestra “muy significativa” es el Plan Industrial de Permanencia hasta 2010, que suscribió conjuntamente con los sindicatos CCOO y UGT, con Delphi.

En ese acuerdo normativo, Delphi “se obligaba a permanecer en la Bahía hasta 2010 y de esta manera seguir recibiendo dineros públicos”, pero la multinacional se fue de la Bahía el 4 de julio de 2007, “dejando en la estacada a más de 3.000 trabajadores entre empleo directo e indirecto y la Junta de Andalucía fue incapaz de garantizar la obligación legal que tenía de permanencia hasta 2010”.

Según CGT, los empresarios “comprometidos” para la recolocación de los ex trabajadores de Delphi tienen la libertad de establecimiento y la libertad de contratación de “quienes ellos estimen más convenientes” para ocupar puestos de trabajo que garanticen sus rentabilidades.

Por ello, han indicado que pensar que la Junta de Andalucía va a obligar a estos empresarios a la prioridad de recolocación de los ex trabajadores de Delphi, los cuales fueron “ninguneados” y “estafados” por una multinacional que también les prometió quedarse, “es creer que las Administraciones han intervenido las empresas y han decidido hacer cumplir lo que dice nuestra Constitución: economía social de mercado”.

CGT ha considerado que las responsabilidades de la Junta son concretas, ya que al igual que cualquier Administración pública, tiene la obligación de velar por el bien publico y el interés social y no entregar dineros públicos para “garantizar” las cuentas de resultados de empresarios mentirosos.

CGT ha añadido que la sociedad, los trabajadores y ciudadanos, tienen que exigir a administraciones y empresarios, que los derechos a empleos dignos, no pueden ser una “transacción fraudulenta”, para “mayor gloria electoral de unos y engorde de beneficios particulares de otros”.

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