La Junta se comprometió con los sindicatos a recolocar con contratos indefinidos a todos los afectados por el cierre antes del 31 de julio de 2009

Delphi tomó ayer el Parlamento andaluz. Las consecuencias del cierre de la multinacional colean año y medio después y hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quiso tranquilizar los exaltados ánimos sobre la verdadera situación de las empresas que debían paliar los despidos de más de 1.500 trabajadores y quizás añadió un elemento más de preocupación.

Fue durante la sesión de control en la Cámara regional de ayer cuando el también presidente del PSOE garantizó que las diez compañías que han prometido ya su implantación en la Bahía estarán «operativas» antes de que acabe el próximo 2009. El problema es que el nuevo plazo dado por el dirigente autonómico estira un poco más la promesa dada a los sindicatos en el verano de 2007, cuando se firmó el plan de recolocaciones. En principio, la Junta se comprometía a dar un trabajo a cada despedido antes del 31 de julio de 2009 (que es cuando se cumplen los dos años del cierre y se agota el paro), por lo que la fecha de Manuel Chaves da la sensación de que alarga aún más la espera.

Mientras tanto, la realidad es que la última etapa formativa generalizada (la de los cursos más específicos) acabará con el año y, de momento, sólo medio centenar de alumnos (más otro medio antes de final de año) ha empezado a recibir formación concreta por parte de una empresa (SK10 Andalucía) que, a su vez, ha firmado un acuerdo de contrataciones indefinidas para el 60% de los alumnos (no sin pocos reproches de sus propios asalariados, que consideran un agravio comparativo estos contratos cuando en la empresa hay más de cien eventuales). El resto de los ex Delphi tendrá que esperar a que sigan plasmándose las llegadas de las demás compañías prometidas y que sumarían casi 4.000 empleos en total en el mejor de los casos.

Pero Chaves no fue el único en defender o abordar la polémica de Delphi en sede parlamentaria. El consejero de Empleo, Antonio Fernández, protagonizó un cara a cara con Esperanza Oña (PP) sobre la idoneidad de la formación que se está dando. El PP denunció que se está llevando a los alumnos al cine, al zoológico y a bodegas en horario lectivo y que eso es «despilfarrar» los 35 millones de euros que está costando la educación. Fernández explicó que la película fue en versión original (para aprender inglés, como parte del curso) y que las bodegas y el zoo forman parte de ejemplos empresariales en cuestiones ambientales o industriales. Se está «tergiversando» la realidad, cuando la verdad es que se está cumpliendo lo prometido «de manera exquisita», zanjó.

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