El próximo jueves se concentrarán ante la Audiencia Provincial para evitar que los terrenos de la factoría salgan a subasta

Los representantes sindicales y varios miembros de la antigua plantilla de Delphi celebraron ayer la primera reunión tras el anuncio realizado el pasado viernes por la Junta de cancelar las ayudas a este colectivo a partir del próximo febrero. Los trabajadores han elaborado un calendario de movilizaciones que votarán en asamblea el sábado que viene. De momento, la primera actuación que llevarán a cabo tendrá lugar el jueves en Cádiz ante las puertas de la Audiencia Provincial, donde exigirán al Juzgado de lo Mercantil que evite la subasta de los terrenos de la factoría. Este juzgado se encarga del proceso concursal que se sigue con Delphi tras su cierre y trata de poner en orden al entuerto económico que dejó la desaparición de la planta en la Bahía.

La última reunión de la Comisión de Seguimiento de Delphi, celebrada el pasado viernes en Sevilla, ha puesto en jaque a los trabajadores de la antigua empresa de automoción que aún permanecen sin recolocar. La Junta ha adelantado que no dará más ayudas a partir del próximo febrero. El Gobierno regional alega que la actual coyuntura económica ha obligado a tomar este tipo de medidas, sin embargo, se ha comprometido a seguir con el proceso de recolocación, pero sin concretar cuándo y dónde.

Todavía restan 600 trabajadores por recolocar después de tres años del cierre de la planta. La Junta, la dirección de Delphi y los trabajadores firmaron un convenio en julio de 2007 en el que se marcaba la hoja de ruta a seguir por las tres partes con el fin de paliar el impacto laboral que había producido el despido de 1.880 trabajadores en la Bahía y regenerar con ayudas públicas el tejido industrial de Cádiz. En el documento, la Junta se comprometía a recolocar a la plantilla, a dar cursos de formación remunerados, así como, a captar nuevas inversiones para Cádiz. La dirección de la compañía, por su parte, asumía el pago de 10 millones de euros para hacer frente a la deuda contraída con los proveedores, mientras que la plantilla aceptaba las condiciones del despido y las indemnizaciones, amén de un polémico proceso de prejubilaciones.

Los trabajadores acusan ahora a la Junta y a la empresa de romper el pacto. La Administración regional tratará de recolocar a unos 150 desempleados de los 600 que todavía están sin reubicar. Pero el varapalo ha sobrevenido al anunciar el Gobierno regional que ya no pagará más cursos de formación. Hasta ahora, la plantilla percibía al mes una media de 1.200 euros por este concepto y es la única protección social con la que cuentan.

Además, la dirección de la compañía se ha descolgado también del acuerdo y no tiene ninguna intención de abonar los 10 millones de euros que prometió para zanjar la deuda con los proveedores, lo que quiere decir que los terrenos servirán de moneda de cambio, algo que los trabajadores han rechazado de plano.

La plantilla de los ex Delphi se ha levantado contra estas medidas y vuelve a echar mano de las protestas. Francisco Cárdenas, de CC OO, adelantó ayer a este periódico que los terrenos de la fábrica no pueden servir nunca para pagar las deudas de una empresa que abandonó a su suerte a la Bahía y a los trabajadores.

La plantilla exige ahora que la factoría pase a manos de la Junta y sea la Administración regional la que se encargue de su gestión para que sea la sede de futuras empresas del sector industrial. Según los trabajadores, la Junta es la única institución que puede garantizar el futuro de los terrenos, ya que su salida a subasta significaría la especulación para poder liquidar la deuda.


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