dts-2Dicen a la Comisión de las Comunidades Europeas que dieron 10 millones para esa oficina en Jerez

Los portavoces de los cuatro sindicatos que representan al colectivo Delphi (CCOO, UGT, CGT y USO) han presentado una denuncia ante la Unión Europea contra la Junta de Andalucía por considerar que la Administración autonómica ha infringido los principios de derechos de la UE por el cierre de la oficina del Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS), que estaba ubicada en el centro de Jerez.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, los portavoces sindicales explican que la denuncia se formula por una infracción que consideran contraria a una disposición o principio de Derecho de la Unión contra la Administración autonómica andaluza.

La fundamentan en varios hechos. En primer lugar, recuerdan que en julio del año 2008, la Comisión Europea concedió a España una ayuda de 10,5 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), para hacer frente al cierre de la planta de componentes de automoción Delphi, a mediados de 2007.

En segundo lugar, exponen que las ayudas provenientes de este fondo “se dedicaron a la orientación profesional, la asistencia para la búsqueda intensiva de empleo, el asesoramiento para crear una empresa, los cursos y talleres de formación y reciclaje profesional y los incentivos para la reubicación laboral, desde un Dispositivo de Tratamiento singular en Jerez, Plaza de la estación S/N”.

En tercer lugar, añaden que dicho Dispositivo “fue creado por la Junta mediante acuerdo con las organizaciones sindicales el 30 de julio de 2007” y, a continuación, que desde mediados del año 2008, “dicho DTS ha pasado dos auditorías por parte de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España”.

Así, los representantes sindicales continúan indicando en la denuncia que “el pasado 30 de octubre, la Junta de Andalucía de manera unilateral decidió el cierre de dichas instalaciones”. Por ello, los sindicatos creen que “nos parece una infracción de la normativa comunitaria del Reglamento comunitario número 1927/2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización”.

Diariodecadiz

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