Dos SantosDefinitivamente, la decisión de la empresa de capital chino y norteamericano BWI de no ubicarse en la antigua Delphi, en Puerto Real, tuvo un solo motivo: el alto coste salarial.

A pesar de las comunicaciones previas entre antiguos responsables de la recolocación del personal de Delphi (Gerardo Urchaga), y de las emitidas por el portavoz de BWI ante los sindicatos en Cádiz, Juan Luis García Méndez, la conclusión definitiva llegó hace muy poco, apenas dos meses, y de puño y letra del vicepresidente de la compañía, Daniel E. Warrell. En una carta dirigida expresamente al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, Warrell comunicaba el pasado 12 de marzo al consejero que, como ya había transmitido al viceconsejero, Luis Nieto, los altos costes salariales hacían inviable la instalación de este negocio en Cádiz, pese a los incentivos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Así, BWI desistía de su intención de venir a Puerto Real.

Esta respuesta se producía después del intento personal del propio Ávila de mantener una reunión cara a cara con Warrell. En la carta enviada por el responsable de la Junta el pasado 30 de enero, exponía que “tal y como reiteradamente se le ha trasladado desde la Junta de Andalucía entendemos que, además del análisis de los costes laborales, existen otras variables que merecen ser tenidas en cuenta”. En este sentido, Ávila explicaba que “debe valorarse adecuadamente el máximo compromiso de apoyo económico del Gobierno de Andalucía (…) y la existencia de un capital humano experimentado y capacitado en vuestro sector de actividad”.

Además, en su carta, el consejero añadía que este apoyo institucional “se mantendría para el desarrollo de futuros proyectos y nuevas líneas de negocio, a través de los instrumentos económicos que ofrece Andalucía para este tipo de iniciativas y que se encuentran plenamente consolidados”.

A continuación, Ávila reiteraba su petición de “reunión personal” en la que “estén presentes representantes sindicales a fin de que expongan su disposición favorable hacia este proyecto”. Sin embargo, la respuesta a esta declaración de intenciones fue la anteriormente comentada: un no rotundo por los costes salariales.

Pero mucho antes, meses atrás, los intentos de la Junta fueron variados. Desde el mes de septiembre de 2012 hasta marzo pasado, al menos fueron enviadas diez cartas, muchas de ellas firmadas por el viceconsejero Luis Nieto. Los contactos de la Junta de Andalucía con BWI Group comenzaron en torno a los meses de abril/mayo de 2012, contactos sobre los que el viceconsejero dio indicación expresa para que se analizaran infraestructuras, incentivos y servicios que pudieran facilitar la implantación de su proyecto. Han existido multitud de correos y contactos desde esos meses hasta la fecha. Todo comenzó con un escrito a BWI del director general de la Agencia IDEA, Antonio Valverde, quien, por indicación de Luis Nieto, puso a disposición del proyecto “la máxima intensidad de los incentivos que permite la ley”, como muestra del compromiso de la Junta.

El propio Luis Nieto envió una carta el 4 de septiembre de 2012 a Juan Luis García Méndez, representante de BWI, reiterándole el compromiso de la Junta de Andalucía con el proyecto. Posteriormente, el 14 de septiembre, el viceconsejero vuelve a enviar una carta a Juan Luis García Méndez en la que le reitera la intención firme y decidida del Gobierno andaluz con el proyecto, si bien le reclama más concreción. Sin embargo, Juan Luis García Méndez envía un correo electrónico el 2 de octubre a distintos responsables de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, entre cuyos destinatarios se encuentra el viceconsejero. En dicho email, García Méndez agradece a la Junta de Andalucía el esfuerzo, a la vez que anuncia que BWI no se implantará en Cádiz por el coste de la mano de obra, advirtiendo que no habrá más reuniones al respecto.

Es el propio Luis Nieto quien responde al correo electrónico de García Gutiérrez el 4 de octubre, en la que le pide que reconsidere su postura y los convoca a una reunión del día 5.

El 10 de octubre, el vicepresidente de BWI Group, Daniel E. Warrell, envía un escrito al viceconsejero agradeciéndole los esfuerzos realizados, pero descarta su implantación por los costes salariales.

Siete días después, Luis Nieto envía otra carta a Warrell instándole a retomar las negociaciones y en la que le traslada el desconcierto de la Junta de Andalucía ante un correo de ese mismo día dirigido por García Méndez a los sindicatos en el que se les indica la posibilidad de seguir negociando. En ese corre, García Méndez señala que “el factor principal, para BWI, es el coste de la mano de obra que está muy por encima de lo que ofrecen países de Europa del Este. Al margen de esto están otros factores de menos peso como el alquiler del edificio o las inversiones (…) No hay ninguna propuesta nueva desde el 31 de agosto, ni de los sindicatos ni de la Junta, lo que nos hace pensar, en BWI, que no hay nada más que se pueda ofrecer. Si hubiera algo yo estaría encantado de recibirlo y analizarlo. Por otro lado, asumo que el interlocutor válido es el viceconsejero Luis Nieto, quien debería ser capaz de coordinar con sindicatos, juez concursal y cualquier otro estamento que pudiera estar implicado. Yo estoy tan frustrado como vosotros por el resultado de estas discusiones”.

Hay que recordar que el propio Warrell, en su escrito del 10 de octubre a la Junta de Andalucía, daba por cerradas las negociaciones debido a costes salariales. No obstante, hay que hacer notar que, en este escrito, es la primera vez que se habla de la posibilidad de negociar con los responsables de la administración concursal, de la que depende a día de hoy el terreno de la antigua fábrica.

Por último, el 30 de octubre, el viceconsejero Luis Nieto vuelve a enviar una nueva carta a Warrell solicitándole una nueva reunión a la que se unirían los representantes sindicales, escrito que no obtuvo respuesta.

A todo esto, el próximo martes está prevista una reunión de la comisión de seguimiento de Delphi, a las siete de la tarde en Sevilla, después de varios actos contundentes de protesta de los aproximadamente 500 ex trabajadores de la factoría puertorrealeña que quedan por recolocar. Pese a que desde distintos estamentos de la Junta se ha señalado que de los 1.900 empleados iniciales sólo queda aproximadamente una cuarta parte a la que dar solución, los afectados insisten no tanto en el cumplimiento estricto del protocolo firmado en 2007, como en que la Administración debe dar una solución a esos trabajadores, muchos de ellos, con el fin del paro a la vuelta de la esquina.

Diariodecadiz

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