DSC_0083UGT está a favor de denunciar en los tribunales el incumplimiento del protocolo de 2007, pero CC OO, USO y CGT, sólo una parte del documento

Los representantes de la Administración regional se muestran tranquilos ante la propuesta de los extrabajadores de Delphi de acudir a los tribunales a reclamar el cumplimiento de los acuerdos firmados en julio de 2007 entre ambas partes. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, insiste en que el Ejecutivo autonómico no aprecia ningún trato discriminatorio en este asunto, como denuncia el colectivo de 600 exdelphi que aún quedan por recolocar. Según este contingente, la Junta no ha cumplido con los compromisos adquiridos sobre formación y reinserción laboral, pactados tras el cierre de la factoría y bajo la denominación de tratamiento singular.

En este sentido, López Gil declaró ayer que no comparte esas afirmaciones, «ya que la Junta ha participado en todo momento en la solución del conflicto» y adelantó que, en caso de que eleven la denuncia al juzgado, la Administración será respetuosa con el fallo de los tribunales.

El portavoz de UGT en Delphi, Antonio Montoro, mantuvo ayer una reunión con los abogados del sindicato para la redacción de la demanda, con el fin de presentar hoy su contenido al resto de representantes sindicales. Montoro aclaró que es compatible reclamar por la vía judicial los acuerdos de 2007 y, al mismo tiempo, por la vía de la presión social. La iniciativa de acudir a los tribunales no goza de las simpatías de todo el colectivo. Así, CC OO ha mostrado sus dudas sobre su efectividad, mientras que los portavoces de USO y CGT son partidarios de elevar al juzgado sólo una parte del acuerdo, es decir, la que compete a lo referido a prejubilaciones, ayudas al autoempleo y medidas sociolaborales. En este sentido destacan que, precisamente, es en este apartado donde se produce el agravio de la Junta con los 600 trabajadores que aún no han sido recolocados, ya que ha tenido un trato especial para 1.300 y, sin embargo, no cumple ahora con el resto.

Por otra parte, el delegado del Gobierno aprovechó ayer la ocasión para invitar a la parlamentaria del PP Ana Mestre a acudir a los juzgados si tiene alguna sombra de duda sobre el destino del dinero invertido en formar a los trabajadores de Delphi. Mestre denunció el lunes que parte de los 64 millones de euros destinados en un primer momento a dar cursos de formación al colectivo se fue a una trama empresarial orquestada por un antiguo consejero del PSOE del gobierno de Rodríguez de la Borbolla, en clara referencia a Ángel Ojeda. Igualmente, puso el dedo en la llaga al advertir que la concesión de los cursos de formación a varias empresas se hizo sin el previo concurso público.

En la misma línea se pronunció ayer la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, que emplazó al PP a que, «si tiene alguna duda» sobre la ejecución de los cursos o las medidas en materia de formación de la Junta y los destinos de los fondos de Delphi, exijan «aclaraciones en sede judicial».

La secretaria general de los socialistas gaditanos defendió, en primer lugar, el «esfuerzo de recursos públicos» realizado por la Administración regional para «formar a la gente con dificultades de reinserción laboral después del cierre».

Por lo que respecta a la iniciativa de la Junta de que el Consorcio de Las Aletas se haga con el suelo de Delphi, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, López Gil, señaló que esta petición realizada por la vicepresidente del Consorcio, la consejera de Presidencia, Susana Díaz, se encuentra recogida en las actas de las dos últimas reuniones celebradas por el Consorcio de Las Aletas.

La Voz

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