MeraSalvador Mera proclama su inocencia y asegura que “hice aquello para lo que fui elegido”. Quiere seguir al frente del sindicato en Cádiz, pero pondrá su cargo a disposición de UGT

A las 12:00 horas del mediodía de ayer, Salvador Mera se encontraba sentado en un despacho del edificio de UGT en Sevilla. Desde su puesta en libertad de madrugada, no había pegado ojo. “Sólo tengo un teléfono”, relataba a este periódico cuando tras numerosos intentos al fin conseguía pronunciarse.

El secretario general de UGT-Cádiz había sido detenido el pasado martes, a primera hora, cuando desayunaba en la cafetería del edificio de los sindicatos de Cádiz y trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, a raíz de la investigación que el juzgado número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, desarrolla sobre los ERE fraudulentos.

La Guardia Civil imputaba a Mera cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, ya que se trata de un responsable en UGT desde hace 20 años “y es quien negocia” con el responsable de la mediadora Uniter, José González Mata, “el pago de una comisión” a su sindicato de 180.000 euros “con pleno conocimiento de la ilicitud de la misma, lo cual constituye una parte de las sobrecomisiones que la mediadora Uniter ha percibido, dinero que en última instancia procede del erario andaluz”. Eso indicaban las diligencias.

Ayer, después de tres días y dos noches en el calabozo, Salvador Mera aseguraba estar tranquilo. “Durante las dos noches que pasé en el calabozo, de tanto pensar y tanto dar vueltas a la cabeza, al final me quedaba dormido. Ha sido esta noche -por ayer, tras su puesta en libertad- cuando no he pegado ojo”. Mera insistió en que “soy inocente, no he hecho nada ilegal y así se lo dije a la juez; yo fui elegido para defender los derechos de los trabajadores, para pelear por ellos y eso es lo que he hecho”.

El secretario general de UGT en Cádiz, insistió en que no se siente culpable en este caso, en el que “la realidad supera a la ficción” y señaló que al final le queda la “incomprensión”. Mera, que pasó la jornada en las oficinas del sindicato hablando con sus compañeros y analizando la situación, no quiso entrar a criticar el procedimiento de su detención, pero dijo que era “innecesaria”, puesto que siempre se ha mostrado “dispuesto a declarar cuándo y dónde sea”. Al respecto, reconoció que “sabía que este era un trago que tenía que pasar, y estaba deseando que llegara, pero una vez más me pilló de sorpresa”.

“No tengo en mente el día de ayer -por el jueves-, porque lo he pasado muy mal y han sido muchas las cosas que han sucedido”, precisó. Mera reconoció que “tenía ganas” de responder a las preguntas de la jueza Mercedes Alaya para poder explicarse.

La juez Alaya decretó su puesta en libertad con cargos con una fianza civil de 248.000 euros. Al respecto, Mera no tuvo reparos en admitir que “no tengo ese dinero, ni mucho menos, y no sé cómo lo solucionaré”. Para este asunto y ver cómo continúa su proceso judicial, el próximo lunes mantendrá una reunión con su abogado.

También, aseguró que dará todas las explicaciones en una rueda de prensa que ofrecerá el próximo miércoles en Cádiz. Además, explicó que aunque su intención es seguir al frente del sindicato en Cádiz, pondrá su cargo a disposición de la organización regional para que decida.

Ayer se conocieron más detalles de su declaración ante Alaya en la tarde del pasado jueves. La juez pidió a Salvador Mera que dijera “algo que se realizara que fuera extraordinario o ajeno al trabajo normal de los sindicatos”, a lo que el sindicalista respondió que, en el caso de la Faja Pirítica de Huelva, era un colectivo con “cierta dispersión geográfica aunque todo se movía en la provincia”.

En su interrogatorio, Alaya le preguntó “cómo es posible que haya personas que nunca hayan pisado la mina” entre los beneficiarios de las ayudas de la Junta, pese a que “se supone que el listado lo elabora el sindicato a través del facultativo de minas que determina el trabajo que realiza cada minero”. Mera reconoció que “no encuentra explicación” a la existencia de los “intrusos”, entre los cuales la acusación particular del PP le preguntó qué hacía entre los beneficiarios “un señor de UGT de la Sierra Norte de Sevilla que nunca había pisado la mina”.

Por último, en el atestado de la Guardia Civil se detalla que “en relación a los pagos a los sindicatos, hay que tener en cuenta la declaración de Salvador Mera, quien afirmó que una vez que los trabajadores de la Faja Pirítica empezaron a cobrar las pólizas, él junto a su homólogo en CCOO, Roberto Carmona -otro de los interrogados el jueves por la juez Alaya-, le plantean a José González Mata cobrar algo por los gastos de los sindicatos en las concentraciones y asambleas, acordando con éste cobrar varios pagos de 60.000 euros para cada sindicato, facturándolo bajo el concepto de ‘asesoramiento'”.

Diariodecadiz

Anuncios