delphi--647x231_2Hace casi 7 años, tras el cierre de Delphi en Puerto Real, la Junta de Andalucía se comprometió a no abandonar a ninguno de los 1.650 trabajadores de la multinacional, una promesa que se ha atragantado ahora que las ayudas ya no se pueden estirar más y cerca de 500 operarios siguen sin recolocar.

Agotadas en 2012 las ayudas de formación -que han costado a la Junta 64,9 millones de euros- y consumida, desde la semana pasada, su prestación por desempleo, los cerca de 500 exDelphi que quedan por recolocar están desde ahora en el aire. A la espera de recibir, a quien le corresponda, el subsidio de 426 euros y sin ningún horizonte laboral.

Aunque saben que han recibido más atención que cualquier otro colectivo en circunstancias similares y son conscientes de la gravedad de la crisis económica que azota a las administraciones, el colectivo no se resigna a que la Junta deje de ampararlos, como prometió y firmó en un protocolo en 2007.

Sus exigencia de que los acuerdos «son para cumplirlos» se ha convertido ya en ira y, en algunos casos, en violentas persecuciones de los políticos del PSOE andaluz y gaditano, que han sufrido desde escupitajos a la cara a pintadas o zarandeos, hasta el punto de que, por ejemplo, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, tiene que ir con escolta.

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía cuando se firmó aquel protocolo -y que, como el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió que las administraciones no abandonarían al colectivo- ha tenido que ser protegido por las fuerzas de seguridad esta semana, cuando en un acto en Chiclana de la Frontera y fue zarandeado por un grupo de extrabajadores de la empresa de automoción.

«El acuerdo se han cumplido a rajatabla», ha asegurado a Efe Chaves, hoy diputado en el Congreso, que sostiene que el colectivo no tiene ninguna razón en estos momentos para hacer uso de la violencia y continuar con sus exigencias aunque entiende que pueden estar desesperados como muchos otros trabajadores.

Chaves recuerda que el colectivo ha tenido un tratamiento singular y una discriminación positiva y apunta que el compromiso político de su recolocación se hizo en aquellos momentos cuando había perspectivas reales de que “en un tiempo prudente” otras empresas se asentarían en los terrenos que les dejó Delphi.

La visión de los extrabajadores de Delphi es bien distinta. Están tan convencidos de que el protocolo que firmaron «es para cumplirlo» y que la Junta no puede ahora deshacerse de su promesas que estudian demandar judicial e individualmente al gobierno andaluz, una idea que les lanzó hace unos meses el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz , Javier Sánchez Rojas.

Miguel Paramio, de USO, reconoce que en aquel acuerdo los políticos «se tiraron a la piscina en plena campaña electoral» porque sabía el trauma y el agujero que sufría Cádiz, la provincia con más desempleo de España, con el cierre de la multinacional.

Rechaza el argumento del Gobierno andaluz de que se han hecho un gasto importante: «Sí lo han hecho, pero por su ineptitud, por el despilfarro de irse por el camino más fácil. En la situación actual y en la anterior ha sido una mala gestión palpable».

Los representantes del colectivo piden demás que se haga una auditoría sobre el dinero invertido en formación, un tema con el que el PP ha levantado sospechas de “tráfico de coincidencias” en la subvenciones otorgadas a fundaciones como la vinculada al exconsejero de Economía Ángel Ojeda.

Y además, un juzgado de Cádiz investiga a un entramado empresarial por desviar ayudas millonarias del “Plan Reindus” que el Ministerio de Industria puso en marcha tras el cierre de Delphi

La Voz

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