DELPHI--647x231La Junta y el Gobierno de la nación podrían estar barajando una oferta para su rescate y complementar el polígono de Las Aletas

El anuncio de demolición de la antigua factoría de Delphi, en Puerto Real, ha dado un vuelco al conflicto laboral que se mantiene desde hace siete años con los antiguos empleados de esta fábrica. Cobra ahora más fuerza si cabe la posibilidad de que las administraciones públicas, Junta de Andalucía y Gobierno central, salgan al rescate de este suelo industrial que se encuentra hipotecado por un proceso concursal. Precisamente han sido los administradores concursales quienes han planteado el derribo de las naves de Delphi para ahorrar costes de mantenimiento y obtener con ello unos ingresos extra que ayuden a rebajar parte de la deuda contraída con los proveedores. El cierre de la planta se consumó en febrero de 2007 y en junio de ese mismo año se firmó un protocolo mediante el cual la Junta adquiría una serie de compromisos con los extrabajadores y la multinacional y, a su vez, garantizaba el pago de 10 millones de euros en deudas a proveedores. Sin embargo, los años pasaron y Delphi se fue de rositas lo que obligó a declarar un concurso de acreedores para solventar el entuerto. El Juzgado de lo Mercantil de Cádiz tomó como aval los terrenos de la factoría. La deuda ha subido a 12 millones de euros debido a los costes de mantenimiento. El suelo paga IBI y además hay una empresa de seguridad que se encarga de su custodia para evitar robos y deterioros. Las facturas corren por cuenta de la administración concursal.

La entrada en concurso de acreedores significó un varapalo para los extrabajadores de Delphi. Los terrenos eran la única esperanza que tenían para que un inversor llegará a la Bahía y los reactivara. De esta forma se lograría uno de los requisitos que recoge el protocolo de 2007: la recolocación de la mano de obra de Delphi. Sin embargo, el concurso de acreedores ha hipotecado cualquier expectativa de inversión sobre los terrenos. De hecho, ahora se cumple un año de la iniciativa de la compañía china BWI, especializada en la fabricación de componentes para el automóvil, que fijó su punto de mira en las naves de Delphi para montar una fábrica de rodamientos. Sin embargo, el coste salarial, por un lado, y las dificultades para hacerse con los terrenos, de otro, abortaron esta operación.

El colectivo de Delphi ha reclamado en más de una ocasión que la salida al conflicto, más de 600 extrabajadores aún siguen esperando la promesa de recolocación, pasa por la titularidad pública del suelo. Es decir, la compra de los terrenos por parte de la Junta o del Gobierno de la nación. Esta propuesta ha sido impensable en los últimos cinco años. La crisis y la situación de asfixia de las arcas públicas han descartado cualquier operación pública a favor del suelo de Delphi.

Sin embargo, el escenario ahora es muy diferente. Las distintas fuerzas políticas, y así lo han manifestado, son partidarias de que las administraciones públicas muevan ficha en este sentido. Para ello, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA, y el Gobierno de la nación, mediante el consorcio de Las Aletas, deben presentar una oferta de compra. El importe de la deuda a proveedores es muy alto, por ello no sería descartable una quita por parte de los administradores concursales con el fin de favorecer la operación y matar así dos pájaros de un tiro: por un lado, se libera el terreno y, de otro, los proveedores cobrarían parte de lo adeudado. El resultado de la operación permitiría la entrada de inversores privados en suelo público y abriría la esperanza al colectivo de Delphi para optar a la reinserción laboral.

Tanto el portavoz de USO en el colectivo, Miguel Paramio, como el responsable de UGT, Antonio Montoro, han coincido en advertir un cambio de actitud entre las distintas fuerzas políticas en relación al conflicto de Delphi. Los extrabajadores han mantenido en los últimos días una intensa agenda de contactos con los principales líderes políticos de la provincia. Así, han celebrado encuentros con el presidente provincial del PP, Antonio Sanz; con la secretaria general del PSOE en Cádiz, Irene García; con el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Fernando López Gil, y con la alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado (PA). Todos han mostrado su rechazo a la propuesta de derribo de la factoría.

La Voz

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