13988445972093La Fiscalía Superior de Andalucía, que dirige el fiscal Jesús García Calderón, ve indicios de delito en las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas al fiscalizar las subvenciones millonarias concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta para los cursos de formación profesional, que fueron repartidas en régimen de concurrencia no competitiva o a dedo en el 89% de los casos en 2009 y en el 36% al año siguiente.

Este informe de fiscalización ha cobrado una nueva dimensión en el marco de las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de Policía y la Fiscalía de Málaga, en la denominada operación Edu, sobre un presunto fraude masivo con los cursos de formación financiados por la Junta, en el que la presidenta andaluza, Susana Díaz, sostiene que la Administración es una víctima.

La Fiscalía Superior acaba de dictar un decreto, al que tuvo acceso EL MUNDO, en el que da por concluidas las pesquisas que abrió de oficio, tras conocer el demoledor informe de la Cámara de Cuentas presentado a finales del pasado enero, en el que se alerta sobre el agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones sin justificar recibidas por la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta.

Precisamente sobre este asunto avisa el fiscal y pide que se aclare en sede judicial cómo es posible que haya finalizado el plazo para justificar dos subvenciones de la Junta por valor de casi 50 millones de euros concedidas a la Faffe «sin que haya documentación justificativa», como recogen los auditores.

El fiscal también subraya las resoluciones de exoneración dictadas por la Junta para librar de justificar subvenciones a un total de 844 beneficiarios entre los años 2009 y 2010 que recibieron nada menos que 297,14 millones.

Pese a que se trata una figura excepcional, la Junta recurrió a ella de forma generalizada.

Ahora, el fiscal plantea que sería clave identificar a las empresas o sindicatos que se hayan beneficiado de estas exoneraciones y cruzar estos datos con el listado de sociedades bajo sospecha en el marco de la operación Edu, que ya asciende a 20, y también en las investigaciones sobre cursos de formación que tramitan los jueces de Sevilla Mercedes Alaya y Juan Jesús García Vélez. Éste último indaga las presuntas facturas falsas de UGT que destapó este diario.

Conocer a los beneficiados por las resoluciones de exoneración que firmaba el presidente del SAE puede ser clave a la hora de establecer las responsabilidades penales, detalla el decreto.

El fiscal dio traslado ayer de sus diligencias y del decreto que pone fin a las mismas a las Fiscalías provinciales de Sevilla y Málaga, y también a la Fiscalía General y a la del Tribunal de Cuentas, además de a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que tiene las competencias sobre el SAE.

Las pesquisas seguidas a instancia de la Fiscalía Superior detallan el nombre de dos empresas que fueron fiscalizadas por la Cámara de Cuentas y que, a la vez, están siendo objeto de investigación policial o judicial, una de ellas en el marco de la operación Edu, la Asociación Axárquica de Formación y Empleo, y otra en el posible fraude de las facturas falsas de UGT.

Otra irregularidad que ha llamado la atención de laFiscalía Superiro es que la Faffe se extinguiera el 3 de mayo de 2011, en el marco de la polémica reordenación del sector público, y pocos días antes recibiera una subvención de 16 millones de euros que requirió la aprobación del Consejo de Gobierno.

Posiblemente, las pesquisas de García Calderón sean remitidas a todas las fiscalías provinciales andaluzas para que puedan actuar de forma coordinada ante posibles casos de fraude con los cursos de formación que pudieran surgir o que ya estén tramitándose.

De hecho, un juzgado de Algeciras investiga subvenciones recibidas por el entramado del ex consejero de la Junta Ángel Ojeda, que recibió unos 50 millones de euros en ayudas del Gobierno andaluz.

elmundo

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