cabana--647x231El que fuera presidente de Diputación cuando se produjo el fraude al plan de Reindustrialización tras el cierre de Delphi acude hoy ante el juez como testigo

Hoy arranca un nuevo capítulo del ‘caso Bahía Competitiva’, un serial que comenzó hace casi tres años y con el que la Justicia pretende depurar las posibles responsabilidades penales de todos los actores que acabaron con el fraude a las subvenciones públicas concedidas para la reindustrialización de la Bahía tras el cierre de la factoría Delphi. Hoy será uno de los días más esperados porque a las diez de esta misma mañana está citado como testigo ante el juez el expresidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña. Hará solo el ya tradicional paseíllo por San José para acceder al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, ya que no hay pendiente para este día ninguna otra declaración. La jueza Lourdes del Río tendrá así tiempo suficiente para preguntar cuál fue su papel en la toma de decisiones sobre a qué empresas se les concedían una subvenciones sobre las que la Junta había liberado previamente del control que ejercían los avales financieros, requisito indispensable en ayudas anteriores.

Tras la declaración como imputada de la exdelegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, Angelines Ortiz (quien previamente acudió al juzgado también como testigo) la declaración de González Cabaña será clave para aclarar las últimas acusaciones vertidas por técnicos como Teodoro Clavijo, quien señaló ante la jueza el pasado 30 de enero, que «modificó la baremación de Alestis» para que accediera a subvenciones «por presiones», y apuntó directamente hacia el exgerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, Teodoro Garrido, como responsable de estas «presiones», tras recibir «orden del entonces presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña», algo que el mismo Garrido ya negó rotundamente.

Por su parte, González Cabaña ya aseguró a LA VOZ hace meses que no teme su imputación, pero sí se mostró preocupado por la de los «técnicos» de la entidad provincial, «porque ellos han desarrollado su labor con un tremendo celo, tal y como apuntaron en un informe en el que avisaban de que había demasiada concentración de ayudas en unas cuantas empresas y en una determinada zona». González Cabaña aseguró que él siempre «se basó en su trabajo y por eso no estoy imputado, por mucho que le pese a alguno», resumió en julio de 2013 el histórico socialista, quien guarda su condición de aforado por ser diputado.

Declaraciones previas

Sobre el contenido de su declaración ante la juez, avanzó que irá en la línea de lo que «siempre» ha afirmado. Es decir, que «nunca se dieron instrucciones políticas» para que se modificaran las baremaciones de los proyectos por su parte, ni por parte de la exdiputada socialista María José Valencia, que era entonces vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación gaditana.

El expresidente de la Diputación ha expresado públicamente en distintas ocasiones que quería declarar en el marco de este procedimiento para que se le diera «la oportunidad de decir lo que tengo que decir». Y reitera que «nunca hubo injerencias políticas y siempre se planteó que lo que era competente y servía era el informe de los técnicos». Se espera que hoy confirme esta versión ya reiterada desde hace un par de años a los medios de comunicación. Por último, cabe apuntar que en caso de que Del Río quisiera imputar a González Cabaña tras el testimonio de hoy tendría que trasladar el caso al Tribunal Supremo.

La Voz

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