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Los administradores concursales designan una de las cinco ofertas que se encargará de la demolición y gestión del suelo

Los administradores concursales que gestionan los intereses de la veintena de acreedores que dejó Delphi en la Bahía tras su cierre en febrero de 2007 han dado un paso más en su intención por demoler la vieja factoría y reducir así los gastos de mantenimiento de la finca. Este periódico ha podido saber que el equipo de abogados y auditores ya ha designado a una de las cinco ofertas que recibieron para echar abajo las tres naves y vender como chatarra el hierro y el cobre que se obtenga con la operación de derribo.

La demolición de la antigua factoría de Delphi es una alternativa que pusieron sobre la mesa los administradores concursales a la nueva jueza de lo Mercantil de Cádiz, María del Castillo Mendaro, con el ánimo de rebajar el pago del IBI, eliminar los gastos de vigilancia y canalizar, lo antes posible, la venta o subasta de este suelo industrial en el polígono del Trocadero. La deuda a proveedores que dejó Delphi tras su marcha de Puerto Real supera los diez millones de euros y entre los afectados se encuentra la Tesorería de la Seguridad Social. Los extrabajadores han intentado por todos los medios evitar el derribo de la fábrica. Consideran que el terreno es el único aval que tienen para su posible recolocación y el gancho para captar nuevas inversiones. Sin embargo, los gastos de mantenimiento de la planta crecen y la deuda, lejos de menguar , aumenta. Los acreedores no cobran y el próximo febrero se cumplirán ocho años del cerrojazo. La decisión de los administradores choca en cierto modo con las promesas políticas.

La Junta y la dirección provincial del PSOE son partidarios de que el Consorcio de Las Aletas sea quien liquide la deuda y compre el suelo, pero esta propuesta no convence en absoluto al Gobierno de la Nación, figura clave en la gestión del futuro parque industrial de Las Aletas. Los trabajadores, por su parte, han mantenido contactos con representantes de las distintas administraciones públicas para frenar el derribo de la fábrica.

El Ayuntamiento de Puerto Real intuye que la decisión de la demolición está tomada, pero aún no se ha solicitado el permiso ante la Gerencia de Urbanismo del consistorio. No obstante, el Ayuntamiento ha confirmado que una licencia de obra mayor de estas características obliga a un trámite previo. La solicitud debe ir acompaña de un informe medioambiental y de otro urbanístico.

Los administradores concursales prevén que la demolición de las naves se ejecute en cinco meses, de esta forma, el recibo del IBI del año que viene reduciría a la mitad su cuantía al no constar ningún inmueble sobre el terreno, es decir, se pasaría de 250.000 euros a unos 150.000, según los cálculos.

Fuentes de los extrabajadores han adelantado a LA VOZ que seguirán peleando para evitar el derribo y confían en que el juzgado de lo Mercantil no conceda el visto bueno definitivo. Esperan que en este impás de tiempo alguna empresa se interese por montar en la factoría un nuevo negocio y devuelva la actividad industrial.

Por su parte, el sindicato USO, ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Junta por incumplimiento de lo recogido en el protocolo, firmado en junio de 2007. Esta denuncia se suma a la presentada por UGT a primeros de mes.

La Voz

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