DOCU_CADIZLa Consejería de Medio Ambiente y el Consistorio de Puerto Real conocen el proyecto para ubicar en los terrenos una planta de reciclaje industrial

La empresa que puja por los terrenos de la antigua factoría de Delphi, en el polígono del Trocadero, en Puerto Real, prevé la creación de un centenar de puestos de trabajo con la apertura de una planta para el reciclaje y tratamiento de residuos industriales. Este proyecto, avanzado ayer por LA VOZ, se lleva a cabo con absoluta discreción por parte de un ingeniero y dos antiguos mandos de la fábrica de Delphi. Los tres se han encargado de mediar para devolver la actividad a las viejas instalaciones. Tanto la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Puerto Real están al corriente de esta nueva iniciativa empresarial.

Los gestores han solicitado a la administración concursal el alquiler de una planta

No obstante, la aprobación inicial de esta operación pasa por la administración concursal, encargada de gestionar los intereses de los acreedores de Delphi. Este periódico ha podido saber que los administradores concursales y los responsables de la inversión están buscando la fórmula para ocupar los terrenos. Todo apunta a que el modelo a seguir será un contrato de arrendamiento de una las tres factorías de Delphi. Concretamente de la denominada ‘utilites’. Esta nave funcionó en su momento como planta de tratamiento industrial y cuenta con un potente transformador de energía que abastece al complejo.

La inversión en Delphi ha sido una sorpresa mayúscula para el colectivo de extrabajadores, ya que muchos de ellos no tenían conocimiento de esta maniobra. En este sentido han destacado que no piensan desaprovechar la segunda oportunidad que se abre para reflotar la factoría. No hay que olvidar que en septiembre de 2012, el grupo asiático de capital norteamericano BWI intentó implantarse en los terrenos para montar una línea de producción de componentes para el automóvil. La Junta se encargó entonces de pilotar esta inversión. Sin embargo, las condiciones de los asiáticos eran leoninas. Pretendían pagar nóminas por debajo del salario mínimo interprofesional y en caso de que fueran superiores, la Junta se encargaría de asumir la diferencia. Esta opción fue rechazada. Pero la negociación se rompió en noviembre de 2012 cuando se abordó la ocupación del suelo y se toparon con una maraña burocrática, ya que el suelo está sujeto a un proceso concursal. Se espera ahora que no se repitan los mismos errores.

La Voz

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