delphi--647x231El exconsejero Ojeda creó empresas para captar las ayudas a la formación del colectivo

El cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real ha sido el último gran terremoto laboral que ha sacudido el debilitado tejido industrial de la Bahía gaditana. De aquello hace más de siete años y las heridas siguen abiertas y supurando. 1.800 trabajadores vieron cortado de raíz su fuente de ingresos y pasaron a engordar la bolsa de parados que lastra a esta provincia a la cola del desempleo español. La empresa optó por buscarse un emplazamiento más barato y rebajar así los costes de producción. Ese movimiento de deslocalización cogió a la Junta, los ayuntamientos afectados por el seísmo social y al Estado calentando motores de cara a los comicios municipales de 2007 que se celebrarían en primavera y las elecciones generales y autonómicas que se convocarían al año siguiente. El roto era demasiado grande y había que taparlo como sea, no fuera que por el agujero se perdieran votos. Fue entonces cuando la Junta, con el respaldo económico de la Administración central, firmó el protocolo con los sindicatos representantes del colectivo que incluía una serie de acuerdos como la recolocación de todos los afectados por el cerrojazo de la multinacional. Hubo paz social y el PSOE revalidó su victoria en las autonómicas y en las generales. Pasó el tiempo, estalló una crisis económica de envergadura mundial y hoy en día, medio millar de trabajadores sigue esperando el tan ansiado puesto de trabajo. No llegan los 400 que lo lograron.

Pero antes de la desilusión hubo el anuncio de importantes partidas económicas para el reciclaje de estos trabajadores. Algunas de ellas fueron: 10,5 millones aprobados en 2008 por la Comisión Europea del Fondo de Adaptación a la Globalización para acciones orientadas a reinsertar al colectivo; 47,5 millones que el Gobierno central inyectó para un Plan de Empleo de la Bahía o 18 millones de euros que se incluían en los Presupuestos Generales del Estado de 2010.

Los dos ejes sobre los que se justificaba esa inyección de dinero fue la política de atraer inversores privados para que montaran empresas y absorbieran a la plantilla despedida y la formación de la mano de obra. Sobre el primer capítulo, el juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz lleva desde 2011 investigando un presunto fraude cometido por algunos de estos empresarios. En la otra gran pata de los planes de reinserción laboral se asentaron los polémicos cursos, algunos de dudosa utilidad, que recibió el colectivo. Y como gestor de esas actividades formativas una serie de empresas que recibieron cuantiosas subvenciones públicas.

Formar a los parados de Delphi se convirtió en un lucrativo negocio. Hace años que el nombre de un exconsejero de la Junta se relaciona con esta actividad a través de distintas sociedades. El jerezano Ángel Ojeda, quien fuera responsable de la cartera de Hacienda durante los años 1987 y 1990, está detrás de una red de empresas beneficiarias de estos programas formativos subvencionados. Pero Ojeda Avilés ha dado ya el paso de aparecer en los papeles de los periódicos a los que llamó la atención que sus sociedades concentraran un caudal importante de inversión pública y su innegable relación de cercanía política con la Administración autonómica; a constar en un informe policial dentro de una investigación sobre el fraude en los cursos de formación en Andalucía, dentro de la llamada ‘operación Edu’.

La Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) enviaba a finales de diciembre a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga un informe con las primeras conclusiones a las que habían llegado tras recibir una denuncia de la Seguridad Social que alertaba del posible fraude que habrían cometido una serie de empresas erradicadas en Málaga, las cuales habían obtenido ayudas para formar a trabajadores, pero no habían cumplido con el requisito de formalizar contratos al 60% del alumnado como mínimo. Con ese objetivo, incentivar la contratación, la Junta había aprobado una serie de subvenciones en virtud del programa 32 D de Formación Ocupacional Profesional.

Este periódico abría su edición del 17 de abril con la exclusiva de que esa investigación había saltado a todas las provincias andaluzas y que en Cádiz nueve de cada diez ayudas concedidas estaban bajo sospecha. Gracias a fuentes directas de la investigación se supo que el exconsejero y su entramado asociativo dedicado a la formación estaba dentro de las pesquisas. El informe policial que ahora se ha filtrado y del que se han hecho eco los principales medios nacionales viene a confirmar esas primeras informaciones publicadas por LA VOZ en la primavera.

14,6 millones de una tacada

A través del análisis de las empresas beneficiarias de esas ayudas, la Policía distingue varios perfiles. En uno de ellos agrupa a empresarios con vinculación ideológica con la Administración, sindicatos o determinados partidos y fácil acceso a las subvenciones. En este apartado incluye al exconsejero, que llama la atención de los investigadores -lo expresan así en el informe- por «la reiteración en la percepción de subvenciones y lo elevado de las cuantías». Así subrayan cómo en una sola resolución dictada por la Dirección General de Formación Profesional, las empresas de Ojeda Ávila percibieron de una tacada 14,6 millones de euros.

La Policía ha rastreado en la trayectoria empresarial del exconsejero y comprueba que hay un antes y un después en 2009. Hasta esa fecha su actividad se había concentrado en sociedades vinculadas a la aeronáutica, pero a partir de ese año, «entra de lleno en el negocio de la subvención», indica el informe. ¿Y por qué ese salto profesional? Ese año, la Junta aprueba la orden que establece las condiciones para acceder a las ayudas y subvenciones que cubrían acciones formativas que tienen como fin la inserción en el mercado laboral. La Policía llega a la conclusión que este antiguo dirigente de la Junta, bien relacionado en la Administración, tenía información de primera mano sobre el volumen de dinero que iba a moverse a través de esas partidas.

El informe recoge cómo el 1 de enero de 2009 se constituyeron tres sociedades que se convertirían en receptoras de millonarias ayudas. Las tres participaron en la formación de trabajadores de Delphi. Se trata de la Asociación de Apoyo a la Integración -Humanitas-, Asociación para la Sociedad de la Información -Innova- y Asociación para el Apoyo al Medio Ambiente -Natura-.

Sobre Humanitas, la UDEF destacaba cómo la empresa no había cumplido ni el primer mes de vida cuando recibió una primera subvención de 642.390 euros sin ni siquiera haber dado de alta a ningún trabajador en la Seguridad Social. «Desde el luego el criterio de la experiencia en formación (valorable para obtener la subvención) no lo tenía en ese momento, pero es que ni siquiera existía jurídicamente en el periodo de la convocatoria».

La Policía define la red de empresas de Ojeda como un entramado «complejo» que fue creciendo para abarcar todo tipo de subvenciones, aunque no cumpliera los requisitos, desde planes ordinarios a extraordinarios como los que iban dirigidos al colectivo Delphi. Algunas empresas que nacieron como centros de formación fueron ampliando su objeto social, abriendo sucursales para cubrir todo la geografía andaluza. Así en la telaraña de sociedades también aparecen fundaciones sin ánimo de lucro que pueden concurrir a determinadas convocatorias. Es el caso de Forpe.

Esta fundación firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Sanlúcar en 2010 para la formación de 400 vecinos parados. El convenio incluía la adecuación de una serie de espacios, pero finalmente no se ejecutó. Desde Forpe sostienen que el acuerdo no se llevó a cabo porque el Ayuntamiento incumplió con la cesión de un edificio. Desde el Consistorio responsabilizan a la empresa.

En cuanto a Natura, ha sido noticia reiterada en las páginas de este periódico por el procedimiento judicial abierto en el juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras. Una docente que había sido contratada para encargarse de un curso de la rama sanitaria denunció en 2012 que pretendían pagarle a través de facturas falsas. Tras conocerse el caso, la Junta le abría expediente a la empresa ante la sospecha de que pudiera haber desviado una ayuda concedida en 2010 de 1,5 millones. Esta empresa, como viene informando LA VOZ, fue la que más respaldo público recibió de la Junta para la formación en 2011, sólo superada por la Mancomunidad de la Sierra.

La Guardia Civil alertó recientemente a la jueza de Algeciras que las diligencias guardaban relación con la investigación iniciada por su compañera Mercedes Alaya sobre los cursos de formación. La instructora respondió al oficio policial inhibiéndose en el juzgado nº 6 de Sevilla, pero esa decisión ha sido recurrida por Natura que no quiere que el caso acabe en manos de la magistrada conocida por el ‘caso de los ERE’.

Este procedimiento judicial también es recordado por la Policía en su informe, al igual que la ‘coincidencia’ de que la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo es cuñada de Ángel Ojeda y fue quien firmó entre 2011 y 2013 las subvenciones que ahora se investigan. En octubre del año pasado, cuando la ‘operación Edu’ ya estaba en desarrollo y la Junta se había interesado ya por las diligencias del ‘caso Natura’.

La Voz

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