ala--647x231La jueza de Algeciras ratifica su inhibición en el juzgado de Sevilla tras advertirle la Guardia Civil que sus diligencias están relacionadas con la investigación sobre la formación de los Delphi

La sección de Algeciras de la Audiencia provincial deberá decidir en las próximas semanas si la investigación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción nº 4 sobre irregularidades en la empresa Natura, dedicada a la formación de parados, viaja a Sevilla y pasa a ser competencia de la magistrada Mercedes Alaya que indaga en las subvenciones que se destinaron a acciones formativas que debían servir para el reciclaje del colectivo Delphi.

Hace unos meses, la Guardia Civil informó a la jueza de Algeciras que las pesquisas que se están dirigiendo en dicho juzgado desde 2012 guardan relación con otra investigación iniciada por el juzgado nº 6 de Sevilla y que el caso debía ser enviado a la capital hispalense para unificar en un mismo procedimiento lo que se entiende que es una ramificación de un supuesto fraude en la forma de concesión de las ayudas a la formación y las sospechas de que estas cuantiosas subvenciones se repartían de forma arbitraria y por criterios de afinidad.

Tanto la Fiscalía como la representación letrada de la denunciante que impulsó este caso comparten ese mismo criterio y se expresaron a favor de la inhibición que fue ordenada por la jueza de Algeciras, quien dictó un auto por el cual remitía las actuaciones al juzgado de Alaya. Pero la defensa de la empresa Natura, creada por el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda en 2009, se opone a que las diligencias recaigan en manos de la conocida jueza del ‘caso de los ERE’. Argumentan que el contenido de las actuaciones no tiene relación con el posible fraude que habrían cometido empresarios receptores de subvenciones. Limitan este asunto a un pleito de carácter laboral.

La jueza ha desestimado ese argumento y ha confirmado la inhibición. Ahora es la Audiencia provincial la que debe decidir tras recibir el recurso de apelación impuesto por la empresa.

‘El caso Natura’ parte de la denuncia de una docente del año 2012. Según su testimonio, esta empresa, cuya denominación completa es Asociación de Apoyo al Medio Ambiente -Natura- la contrató para impartir un curso de auxiliar de geriatría y cuando ya estaba trabajando le ofrecieron pagarle a través de facturas falsas. En lugar de darle de alta en la Seguridad Social, ella debía ejercer como autónoma.

Tras destaparse el caso, la Junta le abría expediente a la empresa el año pasado por supuesto desvío de una subvención de 1,5 millones de euros concedido en 2010. Para acciones formativas, entre los años 2010 y 2011, esta empresa percibió 2, 5 millones y fue la más subvencionada del sector privado.

El nexo

El hilo conductor que encuentra la Guardia Civil entre las diligencias que se instruyen en Sevilla y las de Algeciras es la empresa denunciada. Natura fue creada en 2009 junto a otras dos sociedades vinculadas al exconsejero jerezano (la Asociación de Apoyo a la Integración -Humanitas- y Asociación para la Sociedad de la Información -Innova). Las tres participaron junto a la antigua Formación Andaluza Fondo para la Formación y Empleo (FAFFE) en los programas de reinserción laboral del colectivo Delphi.

A principios de año, se hacía público un informe de la Cámara de Cuentas que venía a confirmar lo que era un secreto a voces entre los extrabajadores afectados por el cierre de la factoría puertorrealeña. El órgano fiscalizador había detectado irregularidades en las ayudas que concedió la Junta para la formación del colectivo y cuestionaba, entre otros capítulos, la justificación de subvenciones nominativas a la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (FAFFE). En concreto señalaba una de carácter excepcional de 8,9 millones para el plan formativo. Luego vendría un segundo informe de la Fiscalía Superior de Andalucía que ponía en duda la limpieza de todas las acciones incluidas en el programa. Y Mercedes Alaya tomó las riendas de una nueva investigación penal, con los polémicos cursos de formación que recibieron los exDelphi en el centro de la diana.

Sobre este asunto, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha señalado que «desde el primer día colaboran con la justicia y que seguirán colaborando», toda vez que ha recordado que «han hecho su plan de choque para mirar uno a uno cada expediente». «Creemos que la justicia debe actuar», apuntaba Alonso, quien añadió que «esperan que si alguien defraudó y se llevó dinero público tiene que ser devuelto». «Ésa es nuestra posición ayer, hoy y mañana», concluye el consejero.

La Voz

Anuncios