delphi2--647x231La nueva denuncia ante el TSJA parte de la recién creada Asociación de Extrabajadores y se suma a las ya interpuestas en mayo y junio por UGT y USO

El colectivo exdelphi sigue su cruzada judicial contra la Junta por incumplir con el protocolo firmado entre ambas partes en junio de 2007, que regulaba el futuro de la plantilla tras el cierre de la factoría de Puerto Real. La Asociación de extrabajadores de Delphi, creada hace seis meses «ante la desconfianza del colectivo hacia los representantes legales establecidos y su labor hasta la fecha», informó ayer de que el pasado día 18 interpuso su propio recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la «inactividad de la Junta de Andalucía» en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en su día con estos trabajadores en el protocolo del 4 de julio de 2007 y en los desarrollos posteriores.

Se trata de la tercera denuncia interpuesta por los extrabajadores contra la Administración regional. La primera la tramitó la federación andaluza del Metal de UGT a primeros del pasado mayo. La demanda contra la Junta de Andalucía es por incumplir los acuerdos de Delphi y por el «agravio comparativo» que a juicio del sindicato existe entre trabajadores del colectivo sin recolocar. La Federación presentó la demanda en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue admitida a trámite el día 29 del mismo mes.

La segunda denuncia interpuesta ante el TSJA tuvo lugar el 16 de junio y está encabezada por el sindicato USO. En este caso, el sindicato alude al incumplimiento del protocolo y de los 16 desarrollos posteriores del mismo, incluidos sus anexos y el protocolo de adhesión al programa de recolocación de las personas afectadas por el cierre de Delphi.

La tercera denuncia que acaba de saltar a la palestra se define en los mismos términos que las dos anteriores. La nueva asociación aglutina ya a «más de 400 afectados» por el cierre de la multinacional de automoción en Puerto Real. Aseguran ser «conscientes de la dificultad de todo planteamiento judicial coherente y totalmente independiente, dados los presuntos intereses de las partes firmantes en el acuerdo».

Por ello, han contratado los servicios de un gabinete jurídico y han acordado encomendar a un catedrático especialista en Derecho administrativo un informe global sobre las posibilidades de prosperar de las mismas, no descartando ninguna otra actuación judicial, incluida la vía penal.

Papel mojado

Del mismo modo, avanzan que se estudiará, en caso de que no prospere el recurso ante el TSJA, «la responsabilidad de los distintos sindicatos firmantes -CCOO, UGT, CGT y USO-, por rubricar sin un buen asesoramiento jurídico un protocolo que, según la Junta argumenta, sólo son promesas políticas y que, en definitiva, podría quedar en papel mojado» tras haber «condicionado la vida y el futuro de muchas familias». Reiteran las mismas fuentes que la asociación nace de la «desconfianza» en los sindicatos y en la labor desempeñada hasta la fecha, significando el «total abandono institucional de algunos, que ni tan siquiera han intentado agotar las vías legales en pro de los derechos adquiridos de sus representados».

Finalmente, recuerdan que el colectivo protagoniza un encierro desde hace seis meses en el edificio de sindicatos de Cádiz, donde muchos de los afectados «sufren situaciones de extrema necesidad y ya forman parte del ascendente número de familias en exclusión social».

La Voz

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