delphi--300x180Ha habido discrepancias sobre la contundencia de las medidas a adoptar y la actuación de los sindicatos

Los extrabajadores de la empresa de automoción Delphi que permanecen encerrados en el edificio de los sindicatos en Cádiz, han acordado en la asamblea celebrada ayer, cuando cumplen ya seis meses de encierro, continuar con esta medida reivindicativa y volver a movilizarse.

Entre los asistentes, unas 70 personas de las 114 que secunda regularmente la reclusión, ha habido discrepancias en relación con la contundencia de las medidas a adoptar y la valoración de la actuación de los sindicatos, los grandes ausentes hoy en la concentración que ha protagonizado tras las negociaciones. «Ahora por lo menos se están abriendo puertas», ha afirmado Francisco Senra, un miembro del colectivo para quien «si no hubiéramos tomado esta medida el conflicto estaría totalmente muerto» y «los sindicatos dicen que quieren la lucha pero en los seis meses que llevamos aquí nunca han luchado».

Por su parte el representante de UGT, Antonio Montoro, ha admitido, en declaraciones a Efe, que aunque «entiende a los compañeros que secundan el encierro no comparte sus actuaciones».

Para Montoro, estos trabajadores, «tendrán que tener mucha cautela porque cualquier movimiento que se haga en estos momentos que tenga el apellido Delphi puede repercutir en todo el colectivo».

La organización sindical defiende la aprobación de un Decreto Ley en el seno del Parlamento Andaluz que regule la situación de los tres colectivos que existen en Andalucía con un protocolo de actuación firmado y pendientes de ser recolocados en otros proyectos industriales impulsados por la Junta: Delphi, con cerca de 500 extrabajadores algunos de los cuales, según UGT, se encuentran en una “situación crítica de indigencia, Santana Motor, con 50 personas y Astilleros de Huelva, con 30.

Por el momento el grupo parlamentario de Izquierda Unida es el único que se ha reunido con ellos aunque han solicitado reunirse tanto con el PP como con los representantes del grupo socialista porque necesitan el apoyo de otro grupo para sacar el Decreto adelante y porque esperan que sea una «medida de consenso».

En paralelo, según ha manifestado Montoro, están a la espera de que el juzgado ante el que presentaron la demanda por el incumplimiento del protocolo de actuación les requiera la documentación pertinente.

Del auto de la juez Alaya que imputa al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, por irregularidades en ayudas y becas de formación a los exempleados de Delphi, Montoro ha dicho que «en ningún momento los sindicatos han tenido nada que ver con esto» ya que ellos actuaron con «transparencia total» para lograr que se cumplieran los puntos del protocolo y que «la gestión de la financiación dependía de la Junta» por lo que «es la administración la que tiene que responder».

La Voz

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