Delphi_Sindicatos CadizEmpleo acusa a la Junta de fraude con la recolocación de los extrabajadores

El Ministerio de Empleo acusa a la Junta de Andalucía de fraude por subvencionar con un plan especial de 105 millones los cursos de formación para los 1.904 extrabajadores de la multinacional Delphi asentada en Cádiz, tras su cierre en 2007. El duro informe de los inspectores de Trabajo contra las ayudas directas del Gobierno andaluz es la clave sobre la que la juez Mercedes Alaya basa la imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en su nueva macrocausa sobre los cursos de formación desde 2001.

La magistrada prepara esta investigación sobre las ayudas de la formación, y a la espera de recibir toda la documentación que escanea estos días la Junta, su principal vértice incriminatorio por ahora es la censura del Gobierno al plan especial que la Junta andaluza diseñó para los extrabajadores de Delphi, que en total ha costado más de 250 millones (una media de 130.000 euros por trabajador). De este modo, Empleo estimó en primavera que los hechos “podrían tener relevancia penal” y Alaya ha recogido el guante para armar su tesis incriminatoria inicial.

Los inspectores de Trabajo concluyen en su informe que las subvenciones de la Junta provocaron un fraude a la Seguridad Social al destinarse “a la simulación de relaciones laborales” para proporcionar a los exempleados prestaciones “indebidas” con la colaboración de empresas, asociaciones y fundaciones. Es decir, el plan de formación supuso ofrecer la condición de trabajadores a un gran número de despedidos por asistir a cursos de formación, lo que para Empleo supone un fraude. El ministerio considera que la Junta vulneró la Ley General Presupuestaria por dedicar “recursos públicos al cumplimiento de sus objetivos o compromisos políticos” sin haber obtenido previamente “la aprobación de los órganos legislativos competentes”.

Tras el cierre de la planta de automoción de Delphi, el Gobierno andaluz se volcó con los trabajadores y puso sobre la mesa un plan millonario, que, consensuado con los sindicatos, incluía una formación para recolocar a los trabajadores de la bahía gaditana, donde el desempleo hacía estragos. La fórmula legal utilizada entonces para este plan especial es la que ahora cuestionan tanto el Gobierno como la juez Alaya.

Los inspectores concluyen que las subvenciones de la Junta provocaron un fraude a la Seguridad Social

Los inspectores de Empleo destacan que la Junta diseñó las subvenciones directas para “dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría”, y su conclusión es muy crítica: “El sistema de concesión y gestión de las subvenciones se llevó a cabo incumpliendo lo dispuesto en su normativa específica y causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del servicio público de Empleo estatal y para el presupuesto de la propia comunidad autónoma de Andalucía”.

Para el Gobierno, la Junta llevó a cabo sus compromisos a través de un mecanismo de subvenciones excepcionales por concesión directa, que eran “proyectos subvencionados puramente formativos, aunque se disfrazaron de contratación laboral”. Empleo censura por ejemplo cómo la Junta premió a los trabajadores con una beca por asistir a los cursos, que sumada a la prestación por desempleo, garantizaba a los despedidos “un determinado nivel de ingresos, con cargo a fondos públicos, al margen de la normativa sobre protección por desempleo”. Empleo estima que las subvenciones excepcionales dejaron de serlo al afectar a un grupo homogéneo de trabajadores “cuyas circunstancias no varían”.

Los cursos “se desarrollaron realmente” —a diferencia de otros casos destapados en investigaciones policiales de la comunidad— pero la participación de los trabajadores “fue revestida con la apariencia de una relación laboral” para poder pagarles con las subvenciones directas y acceder a las prestaciones de la Seguridad Social. Los inspectores exculpan a los extrabajadores del supuesto fraude al ignorar “este sistema de simulación de relaciones laborales”.

Las entidades desviaron “fraudulentamente” una gran parte de los 105 millones

Gadir Solar y SK10 Desarrollo y Tecnologías, dos empresas compradas más tarde por el consorcio Alestis (participado por la propia Junta en un 21%) contrataron a parte de los extrabajadores de Delphi pero sin mantenerlos en plantilla durante los tres años estipulados, por lo que deben devolver la subvención, según los inspectores. Y estos recuerdan el vínculo entre la formación y el fondo de los ERE, ya trazado por un alto funcionario de la Junta. Ambas firmas recibieron ayudas sociolaborales por 954.000 y 93.000 euros. Hasta ahora, los pasos dados por Alaya en su macrocausa de formación comparten con los ERE la censura de la discrecionalidad en las ayudas y la falta de control en los fondos concedidos.

Las entidades desviaron “fraudulentamente” una gran parte de los 105 millones que percibieron hacia empresas vinculadas al generar sobrecostes, “la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor añadido” para los cursos de formación.

El Ministerio de Empleo multa con 8,3 millones a las nueve entidades por las irregularidades detectadas

Las nueve entidades que dieron los cursos a los extrabajadores han sido las primeras víctimas directas del plan, y ahora afrontan multas por 8,3 millones por el supuesto fraude. Las empresas del exconsejero de la Junta Ángel Ojeda —imputado ya por un juzgado—, como la asociación Humanitas o Innova, junto a la Fundación Fueca, participada por la Universidad de Cádiz, o el grupo Alestis, afrontan el grueso de estas sanciones, ahora en periodo de alegaciones. El informe destaca cómo Ojeda realquiló unos locales comerciales para cursos a terceras empresas de su propiedad “multiplicando su precio por diez”, al pasar de 4.500 euros a 45.000 euros.

“Entendemos que hemos cumplido con la legalidad de las subvenciones”, ha alegado el gerente de la Fundación Fueca, Rafael Villar. Los inspectores discrepan y subrayan que Fueca “debería realizar directamente las acciones formativas, sin subcontratarla con terceros”. La Junta anunció recientemente que va a eliminar la subcontratación en la formación.

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