DOCU_CADIZLa administración central admite que pese a tenerles por víctimas y descartar la «connivencia», el informe de Inspección de Trabajo incluye el reintegro de cantidades

Operarios de la antigua factoría de Delphi, cerrada en 2007 en Puerto Real y cuyos 2.000 trabajadores firmaron un incumplido convenio de recolocación con la Junta de Andalucía, tendrán que devolver parte del dinero percibido en subsidios durante estos siete años de espera infructuosa e incumplimientos.

Es el resultado «inevitable» del dictamen de la Inspección de Trabajo al que ha tenido acceso LA VOZ de Cádiz. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno admiten también que «la devolución de algunas cantidades» por parte de «algunos trabajadores» ya está incluida en el informe. «No tiene vuelta atrás», admiten a sabiendas de la injusticia que incluye la decisión. De hecho, estos mismos representantes de la administración estatal recalcan que el informe «les considera víctimas de la situación y descarta expresamente la connivencia de los extrabajadores con las supuestas irregularidades». Con todo, se les pedirá que paguen. Un número aún indeterminado de ellos y en distintas cantidades, teóricamente bajas, según cada caso. Esta medida administrativa afecta además a los más débiles del colectivo, a los 500 extrabajadores de Delphi que siete años después del cierre de la planta aún están pendientes de la recolocación prometida por escrito. Son los que se han quedado atrás, sin la jubilación, la prejubilación o la baja médica a la que accedieron los restantes.

Además de sobrevivir sin ayudas ni empleo, encerrados en la sede sindical gaditana, un número indeterminado de estos 500 extrabajadores acarrean con consecuencias económicas por las irregularidades de los cursos de formación que recibieron. Fueron los impartidos por el exconsejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda Avilés, imputado por cuatro delitos y al que se le achaca la creación de una red empresarial para realizar cursos ficticios por los que percibió hasta 50 millones de euros en ayudas.

Mientras la Justicia y la administración autonómica dirimen cómo se dieron esas clases y si alguien se aprovechó de ellas, la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha un proceso paralelo. Este departamento, al margen de cómo se desarrolló la formación, establece que los que la recibieron nunca debieron cotizar por recibirla. Al hacerlo, «simulaban una relación laboral». Es decir, tributaron por recibir formación, algo que «no contempla la Ley ni permite la Unión Europea». Un parado no puede recibir un sueldo que suponga cotización y posible percepción de un posterior subsidio por desempleo por dar un curso. Ahora, queda anulado y se le exige que devuelva las cantidades percibidas de forma incorrecta.

Inspección de Trabajo «anulará» los meses cotizados por esos extrabajadores al dar clases. Ese paso tendrá consecuencias distintas en cada caso, según la situación personal de cada uno de los afectados. Para algunos supondrá devolver cantidades de dinero y para otros, una modificación de su vida laboral con reducción historial de cotización o futuras pensiones. Para otros, todo a la vez.

Lavoz

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