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Escusas y justificaciones de la familia Socialista

Las demandas sindicales contra la Junta dejan al descubierto el incierto futuro de los extrabajadores.

El futuro de los extrabajadores de la multinacional Delphi pasa, inexorablemente, por los tribunales. La demanda presentada en su día por los sindicatos UGT y USO contra la Junta de Andalucía por “incumplimiento” del protocolo suscrito entre la Administración y los cuatro sindicatos que representan al colectivo (además de los mencionados, CCOO y CGT) ha tenido dos efectos inmediatos. El primero, que desde Sevilla y desde cualquier eslabón de la cadena del PSOE provincial y autonómico, se tenga claro que cualquier respuesta a este conflicto ha de partir de los tribunales. El segundo, que en el recurso presentado a estas denuncias por el servicio jurídico de la Junta se rechace cualquier tipo de incumplimiento y se ponga en duda, incluso, que exista obligación por parte de la Administración de atender a estos trabajadores.

En su día, el sindicato CCOO se desmarcó de la presentación de estas denuncias alegando que el efecto que conllevaría sería el contrario y apostaba por seguir manteniendo las protestas en la calle porque, eso, no impediría seguir negociando; es más, lo provocaría.

Este periódico ha tenido acceso a ambas demandas, las presentadas por UGT y USO. En ambas se realiza un recorrido pormenorizado del desarrollo de cada uno de los protocolos suscritos entre las partes desde julio de 2007. Y ambas, además de solicitar a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declare el incumplimiento (por parte de la Administración andaluza) de dicho protocolo, se piden más cosas. Concretamente, en el caso de USO, reclama al TSJA declarar “nula la inactividad de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, al haber incumplido el protocolo de colaboración de 4 de julio de 2007 y los acuerdos de desarrollo del mismo suscritos por la entidad demandada y las organizaciones sindicales USO, CCOO, UGT y CGT, dirigidos a la recolocación de los afectados por el cierre de Delphi a través de ofertas válidas de empleo, acciones especiales en materia de empleo y medidas complementarias”.

Pero, en segundo lugar, este sindicato pide que se condene a dicha Consejería “a abonar al actor (USO) y a cada uno de los afiliados de este sindicato -que la propia fuerza sindical fija en 35- que representa, como situación jurídica individualizada, la cantidad de 30.995,15 euros más los intereses devengados de esta cantidad desde el 1-10-2012 (día en el que la Junta pone fin a los protocolos) hasta el 31-10-2014 -día en que se presenta la demanda”. Esta cantidad resulta de lo que, según esta fuerza sindical, habría dejado de percibir cada afiliado adherido al programa y en función del Salario Mínimo Interprofesional de los años 2012, 2013 y 2014.

Por su parte, UGT reclama en su demanda lo mismo que el anterior, en el primer concepto, pero va más allá. Pide “proceder a la formalización e instrumentalización del sistema de prejubilaciones en las condiciones y requisitos fijados en los acuerdos y en el Decreto ley 4/2012 de 16 de octubre a favor de aquellos extrabajadores del colectivo Delphi que hayan cumplido la edad de 50 años a la fecha de interposición del presente recurso”.

También reclama “realizar los trámites oportunos para crear los Planes Personales de Inserción (PPI) en la cuantía y condiciones fijadas en los acuerdos (30.000 euros) y en el Decreto Ley 4/2012 para aquellos extrabajadores que por razones de edad no puedan acogerse al sistema de prejubilaciones”. Es decir, uno (USO) pide una indemnización para sus afiliados y otro (UGT) pide prejubilar a quien tenga más de 50 años que, a falta de un dato oficial, podría afectar a un buen número de ellos.

Pero, ¿cuál es la respuesta de la Junta? En un recurso presentado en febrero pasado por su gabinete jurídico, viene a concluir que, primero, “queda claramente acreditado por la crisis económica actual la alteración sustancial de las circunstancias en la que se suscribió el acuerdo”. En segundo lugar, que “la Administración, en virtud de la firma del protocolo y desarrollos posteriores, no se encuentra vinculada ante los sindicatos firmantes al otorgamiento de más ayudas sociolaborales a los afectados por el cierre de Delphi ni a la impartición de más cursos”. En tercer lugar, “que tampoco ha incumplido ninguna obligación que corresponda exigir ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.

Incluso, recuerda la Junta que llegó a proponer la inclusión de Delphi en el Consorcio Aletas “para ofrecerlo como atractivo inversor”.

Cada parte tiene su explicación. El gabinete jurídico de la Junta señala en su recurso que “no hay prestaciones concretas que la Administración tenga el deber legal de prestar en virtud del protocolo”.

Asegura que “nos encontramos ante un convenio suscrito entre una Administración y los representantes de un colectivo de trabajadores en el que se comprometen a asumir una serie de medidas socioeconómicas. Ahora bien, no puede confundirse este acuerdo con los que se suscriben entre el empresario privado y los representantes de sus trabajadores; esto es, no se trata de un acuerdo de naturaleza laboral para la Administración. Más bien nos situamos en el marco de un compromiso institucional de la Administración con los sindicatos de adoptar medidas de carácter socioeconómicas que participan más de la naturaleza subvencional que propiamente laboral. Y ello en cuanto no se trata tampoco de un acuerdo que tenga su origen en al Ley, sino mera y exclusivamente en la voluntad de la Administración de contribuir a mejorar mediante ayudas la situación de un colectivo de trabajadores frente a la situación originada tras la declaración de concurso de la empresa”.

Y para finalizar, la Junta expone de forma pormenorizada lo que ha supuesto ese trato socioeconómico hacia los ex trabajadores de Delphi. Así, recuerda que 1.897 personas han participado en las acciones iniciales a través del Dispositivo de Tratamiento Singular (DTI) prevista a la inclusión en el plan formativo. “El informe detalla las acciones formativas desarrolladas y concluye que se han impartido 1.850.600 horas de formación”. Eso supone más de 975 horas de formación por persona.

Sigue añadiendo la Junta que “llega un momento en que dicho DTI deviene innecesario, con los medios con los que cuenta la Administración para prestar atención a desempleados; las tramitaciones de altas como demandantes de empleo y en su caso las prestaciones para desempleo, las pueden asumir las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) (…) Igualmente sucede con las acciones de información, orientación y asesoramiento, que pueden ser perfectamente asumidas por las oficinas SAE de la provincia de Cádiz. (…) Las exigencias de la demandante se convierten en meros deseos imposibles de ejecutar.

Recalca el gabinete jurídico que “las pretensiones de la demandante -el sindicato- no son asumibles porque no se basan en compromisos asumidos por la Administración”. En cualquier caso, la Junta intenta demostrar su implicación al respecto y recuerda que “durante cinco años, ininterrumpidamente, los 1.897 trabajadores que se adhirieron al plan han dispuesto un paquete de medidas para amortiguar la situación de cierre y propiciar su reinserción, a las que hay que sumar las indemnizaciones que abonó la propia Delphi en el momento del cierre”.

Y añade: “Delphi abonó 120 millones de euros brutos en indemnizaciones, 45 días por año con un tope de 200.000 euros por trabajador. De Media, “la plantilla recibió una indemnización de 100.000 euros por trabajador” >>tan solo algunos de los de mas antigüedad y categoría<<.

También desvela la Junta que en el colectivo de prejubilados, “la Junta de Andalucía ya ha abonado 139,08 millones de euros y va a abonar otros 101,14 millones de euros en los próximos tres años con la novación de las cinco pólizas suscritas y en ayudas periódicas mensuales a 4 ex trabajadores de Delphi hasta el año 2022”. Por último, hace referencia al Decreto-Ley 4/2012 de 16 de octubre de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.

En función de esto, asegura que se acordó la adopción de ayudas previas a la jubilación ordinaria, “consistentes bien en la financiación de la prima de los contratos de seguro colectivo de rentas, bien en prestaciones económicas mensuales hasta alcanzar la edad de jubilación ordinaria o situaciones asimiladas”. En segundo lugar, ayudas extraordinarias “consistente en una cuantía a tanto alzado y por una sola vez, de conformidad con lo establecido en los acuerdos de acompañamiento social de los procesos de reestructuración empresarial”.

Así, finaliza aclarando que “el colectivo está formado por 711 personas, siendo el importe total de las ayudas pagadas hasta la fecha de 139,17 millones de euros, lo que representa que se beneficia cada una hasta la fecha, de media, con unos 195.738 euros”. “Ayudas para PPI. Los 118 trabajadores que se desvinculaban del plan tras percibir una ayuda de 45.000 euros quienes se acogieran antes del 28 de febrero de 2011, o 30.000 euros quienes lo hicieran después de esa fecha”. Muchos de los que se marcharon aún no han cobrado.

Y, todo esto, sin contar el otro proceso judicial abierto y no resuelto, el que tiene su sede en el Juzgado Mercantil, y que tendrá que decidir qué ocurre con los terrenos de la antigua fábrica. Hay un auto judicial que ordena el derribo y hay un recurso del Ayuntamiento de Puerto Real que lo impide. En medio, los extrabajadores y un encierro en el edificio de los sindicatos que se aproxima a cumplir 500 días.

Diariodecadiz

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