consejo-maldonado--644x362El PP propone eliminar las indemnizaciones que cobran por participar en consejos asesores de empleo

En Andalucía, donde vive una quinta parte de la población española, hay casi un millón de parados. Pero no será por falta de consejos centrados en asesorar al Gobierno andaluz sobre el empleo, de los que forman parte las organizaciones sindicales y la patronal. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CC.OO.) tienen presencia a través de más de medio centenar de vocales en distintos órganos consultivos dependientes de la actual Consejería de Empleo.

Según los datos de la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento andaluz, la antigua Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que dirige José Sánchez Maldonado, pagó a estas organizaciones 1,67 millones de euros en total en concepto de indemnizaciones y compensaciones por asistir a reuniones de consejos asesores durante 2014. En concreto, UGT, CC.OO. y la CEA se sientan en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, el consejo de administración del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Consejo Económico y Social y el consejo del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que cuenta a su vez con un consejo general y una unidad de prevención de riesgos laborales donde también tienen representación y reconocido, por decreto, el derecho a recibir indemnizaciones. No se incluye en este montante el dinero que perciben (1,08 millones de euros) por participar en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), que tiene una actividad notable.

El PP ha presentado una proposición no de ley, que hoy se debatirá en el Parlamento, para «suprimir con carácter inmediato» estas compensaciones, destinar el dinero a ayudas para desempleados en riesgo de exclusión social y mejorar la transparencia de estos órganos. Es la segunda vez que la portavoz de Empleo del PP, Teresa Ruiz-Sillero, propone esta medida que ya tumbaron en 2014 el PSOE e IU cuando gobernaban en coalición. La diputada quiso dejar claro que no cuestiona la existencia de estos órganos sino la opacidad que los rodea y la falta de paridad. «No se sabe qué acuerdos adoptan, quiénes lo forman con nombres y apellidos o cuándo se reúnen; escapan por completo al control de los medios y del Parlamento», advirtió.

Durante el pasado ejercicio, el departamento de Sánchez Maldonado abonó a UGT, CC.OO. y CEA en el mes de abril el dinero previsto en indemnizaciones para todo el año, 695.601 euros por formar parte del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A). Es decir, hizo el desembolso antes de que se celebraran las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.

En marzo, el mes de las elecciones autonómicas, la Junta liquidó los 374.000 euros correspondientes a dietas de 2014 a los miembros del consejo del SAE. A través del consejo del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos, cobraron 408.000 euros y, 201.319 euros más, por participar en el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

Lavoz

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