delphi_SDCLa propuesta contemplaba 347 prejubilaciones para mayores de 50 años y 120 indemnizaciones

El pasado mes de noviembre, el Parlamento de Andalucía tuvo la oportunidad de aprobar una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma con la que se podría haber dado carpetazo definitivo al conflicto de Delphi. Claro que, esa solución, pasaba una vez más por gastar una elevada suma económica.

La propuesta partía fundamentalmente del sindicato UGT, que llevó al grupo parlamentario de Podemos un planteamiento que defendía por igual los intereses de los ex trabajadores de Delphi, Santana Motor y Astilleros de Huelva. Finalmente, este último caso quedó fuera porque, según confirmaron ayer a este periódico fuentes sindicales, desde el Gabinete jurídico de la Administración se consideraba que ese asunto ya estaba zanjado.

Así, la propuesta que finalmente se llevó a la comisión parlamentaria que debía aprobar las enmiendas a los presupuestos y que defendió Podemos proponía un plan social y de prejubilaciones para los ex trabajadores de Delphi y de Santana Motor, por un importe global de 9,9 millones de euros, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de esa cuantía iría para los ex operarios de la factoría que cerró en Puerto Real. Una vez en la comisión previa al debate presupuestaria, los dos miembros del PSOE y el único miembro de Ciudadanos tumbaron la idea.

En ella, Podemos recordaba que “la Junta de Andalucía manifestó en 2011 su compromiso de buscar una solución de incorporar a aquellos trabajadores de Santana Motor y Delphi que no pudieron acogerse al plan social o prejubilaciones”.

Es ahí donde radica el fondo de la crítica de los casi 500 ex trabajadores de Delphi que siguen exigiendo a la Junta de Andalucía que cumpla con aquel compromiso de 2007 que, una y otra vez, la Administración autonómica ha reiterado en las últimas fechas que ya no vale, que son otros tiempos. Ese fondo que lleva incluso a la demanda judicial interpuesta por UGT y USO es el agravio comparativo que creen se ha producido con sus propios compañeros. Dicho de otro modo: quieren lo mismo que quienes se prejubilaron al inicio del conflicto y a los que les quedó una pensión más que digna.

Por eso, a la hora de elaborar la propuesta que defendió Podemos sin éxito en el Parlamento partía de cuatro opciones. Este periódico ha tenido acceso a ellas. La más barata salía por 8,5 millones de euros y la más cara, por 9,7 millones solo para el ejercicio 2016. Eso sí, la distribución de los fondos era igual en todas: 347 prejubilados con 50 años o más, a los que les quedaría una pensión mensual de entre 1.150 y 1.250 euros (según la propuesta elegida). El resto se distribuía en una indemnización con cargo al Proyecto Personal de Inserción (PPI) de 30.000 euros a las 100 personas con menos de 50 años censadas en el listado de Delphi más otros 6.000 euros a 20 casos más con incapacidades reconocidas.

Fuentes sindicales explicaron a este periódico que el coste para las arcas públicas sólo se sumaría en el ejercicio de 2016, ya que el resto de anualidades, las prejubilaciones serían con cargo a la aseguradora con la que la Junta tendría que firmar las pólizas. Eso sí, hay que tener en cuenta que habría 45 personas a los que habría que pagarle durante 15 años (desde los 50 a los 65); otras 58 durante 14 años; 50 más durante 13 años; 56 durante 12; 55 más durante 11 años; 58 personas más durante 10 años; y, finalmente, 25 personas más durante un periodo de siete años.

Sea como fuere, esta propuesta no llegó a buen término y, salvo que la clase política se decida a llegar a un acuerdo que tendría que pasar inevitablemente por aportar dinero, la única vía que les queda a estos ex trabajadores es la jurídica y esperar a que los tribunales digan a la Junta de Andalucía que se equivocó.

Diariodecadiz

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