Núñez Bolaños-CONCHITINANúñez Bolaños excluye también del caso de los cursos a entidades que, como Ojeda, se beneficiaron de subvenciones de Delphi

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) recibió 11 millones de euros para cursos que nunca llegó a impartir

La juez que instruye la macrocausa de la formación dejará sin investigar las ayudas para cursos concedidas por la Junta a CCOO y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sobre las que sí habían iniciado pesquisas la magistrada Alaya y la Guardia Civil.

Como informó este periódico, la patronal y el citado sindicato han recibido en conjunto más de 515 millones de euros en los últimos 11 años para impartir acciones formativas, según consta en las actuaciones que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla antes de la llegada de la nueva instructora. Además, la Junta consintió pagar el 100% de las ayudas concedidas para los cursos a CCOO, UGT y la CEA, a pesar de que lo habitual es que se abonara el 75% de la subvención y cuando se justificara, el 25% restante.

La juez también excluye a otras entidades beneficiarias de las subvenciones para formar a los trabajadores de Delphi pese a que las presuntas irregularidades son las mismas que las que se achacan al ex consejero Ángel Ojeda, sí investigado.

En un auto dictado el pasado 21 de diciembre, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, acordó la división de la causa en nueve piezas. A saber: una sobre las ayudas recibidas por el entramado societario de Ángel Ojeda, incluidas las subvenciones para formar y becar a los ex trabajadores de Delphi; otra sobre el conglomerado del empresario José María Pérez González; otra sobre el grupo controlado por el ex número dos del PSOE-A Rafael Velasco; cuatro sobre consorcios de la Junta (Ciomijas, Formades, Forman y CTI); otra sobre la concesión, tramitación y destino de ayudas gestionadas por la extinta Fundación Pública Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), y otra centrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La instructora, de esta forma, accedía a la petición que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción el pasado 9 de septiembre para que se dividiera la causa, siguiendo el mismo planteamiento que había mantenido en el caso de los ERE fraudulentos.

La intención de la juez es centrar en esta nueve piezas la investigación y no seguir desgajando más ramas del tronco principal, pese a que existan irregularidades análogas que afectan a otros beneficiarios.

En el auto de división, Núñez Bolaños justificaba la no apertura de una pieza sobre las ayudas recibidas por UGT-A por el hecho de que parte de esos fondos para cursos de formación ya eran investigados por otro juzgado.

Pero ni abre pieza ni ofrece ninguna justificación para explicar por qué quedan fuera del perímetro de la investigación las subvenciones a CCOO y a la CEA, los otros actores de la concertación social.

Se da la circunstancia de que la patronal andaluza recibió 11 millones de la Junta para formar a desempleados -con cargo a la convocatoria de 2011- que no se han impartido.

Llama también la atención que queden fuera de la causa otras entidades que, al igual que el grupo de Ángel Ojeda, recibieron fondos para la formación y contratación de los ex trabajadores de Delphi.

La primera pieza creada por Núñez Bolaños sobre el presunto fraude de la formación es la relativa a las subvenciones excepcionales por importe de 33.309.789,16 euros concedidas a cinco entidades de Ojeda para la formación y contratación del colectivo de Delphi. En total, Gobierno y Junta otorgaron a ese objetivo 105.987.407,54 euros, por lo que el ex consejero recibió el 31,42 por ciento.

Otros 41,43 millones también se investigarán en la octava pieza creada por la instructora, centrada en las ayudas dadas por la Consejería de Empleo a la Faffe, integrada hoy en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Pero quedarán 31,24 millones en zona de sombra, según se desprende del diseño que ha acordado Núñez Bolaños y que ha dado por bueno la Fiscalía Anticorrupción al dejar pasar el plazo sin interponer recurso.

En un informe enviado al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla al considerar que los hechos detectados podrían tener relevancia penal, fechado el 30 de mayo de 2014, la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social detalla las irregularidades que se habrían cometido presuntamente tanto en el procedimiento de concesión como de gestión de las ayudas tras el cerrojazo de Delphi. Entre los principales reproches figura el de simulación de relación laboral, por lo que ha levantado actas de infracción por 8,38 millones.

Además del entramado de Ojeda y de la Faffe, también se beneficiaron de esas ayudas Gadir Solar SA (909.000), SK 10 Composite Aerospacial SLU y SK 10 Desarrollo y Tecnologías SLU (4.188.000 euros), Escuelas Profesionales Sagrada Familia (2.270.900), Fundación Forja XXI (3.636.554,10) y la Fundación de la Universidad de Cádiz (20.236.626,57 euros).

A excepción de Gadir Solar y SK 10 Composite Aerospacial SLU y SK 10 Desarrollo y Tecnologías SLU, los inspectores concluyen que las subvenciones se concedieron a proyectos temporales en los que se contrató a ex trabajadores mediante simulación de relación laboral.

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