DHC SolucionEl Tribunal considera que no hay ningún “incumplimiento” de la Junta que haya generado daños y perjuicios porque no se suscribieron “verdaderos convenios” sino protocolos de colaboración.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso de UGT contra la inactividad de la Consejería de Economía en relación con la obligación de cumplir el “protocolo de colaboración” suscrito en julio de 2007, antes de que estallara el escándalo de los ERE, para la recolocación de 543 trabajadores afectados por el cierre de la multinacional de automoción Delphi. En la sentencia, el tribunal considera que no existe ningún “incumplimiento” por parte de la Junta “generador de daños y perjuicios” que se pretenden en la demanda porque no se suscribieron “verdaderos convenios” sino protocolos de colaboración.

Mediante este protocolo, la Junta de Andalucía y los sindicatos se comprometían a analizar y acordar medidas socio laborales, antes del 30 de septiembre de 2007, para aquellos trabajadores del colectivo Delphi que tengan dificultades para concretar su recolocación y a trabajar para articular medidas complementarias y de reposición de prestaciones para aquellas personas que, siendo susceptibles de recolocación, no lo hayan sido antes del 30 de julio de 2009.

Según el sindicato UGT, la Junta inicialmente fue cumpliendo su compromiso y obligación con Delphi hasta el 30 de septiembre de 2012, cuando la Consejería decidió dar por concluidos los acuerdos, existiendo 543 personas que no han sido beneficiarias de ninguna de las medidas contempladas en el protocolo y sus sucesivos desarrollos, lo que para el sindicato supone un evidente incumplimiento de la prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas y por ello solicitaba que se dictara una sentencia que condenara a la Junta a la formalización e instrumentación del sistema de pre-jubilaciones en las condiciones y requisitos fijados en los acuerdos y en el Decreto ley 4/2012 de 16 de octubre, a favor de aquellos ex trabajadores del colectivo Delphi que hayan cumplido la edad de 50 años a la fecha de interposición del recurso.

Los magistrados del TSJA señalan que si se analiza el Protocolo inicial, éste establece una colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y los sindicatos con pautas de orientación sobre medidas socio laborales complementarias y de reposición de prestaciones, así como planes de formación, fijando un marco general de actuación que se ha ido desarrollando y concretando en 16 ocasiones. “Ni el protocolo ni sus posteriores desarrollos son verdaderos convenios de colaboración bilateral que exige en todo caso contraprestación de las dos partes con un criterio teleológico para satisfacer necesidades públicas o que se consideren de interés público”, precisa el TSJA, que añade que se
trataría de un marco de compromiso institucional con los sindicatos, de “adoptar medidas socio económicas que participan más de la naturaleza subvencional”.

Los jueces concluyen que no es un acuerdo que tenga su origen en la Ley, “sino mera y exclusivamente voluntad de la Administración de contribuir a mejorar mediante ayudas, la situación de un colectivo de trabajadores frente a la situación originada tras la declaración de concurso de la empresa. Es por tanto el instrumento o disfraz para dar cobertura  a una serie de actuaciones de fomento y canalizar ayudas directas, huyendo así de las normas que regulan el procedimiento de subvención pública”.

De ahí que la propia Junta, prosigue el fallo, esté revisando de oficio Protocolos similares al enjuiciado por la nulidad de pleno derecho de los mismos, y procediera a dictar el Decreto-Ley 4/2012, de regularización de las ayudas, con el que se pretende “regularizar los pagos de medidas socio laborales a empresas en crisis o a sindicatos que hasta entonces habían sido puestas en tela de juicio”, afirma en alusión al escándalo de los ERE.

De ahí que sea una norma autonómica con rango legal, la que regula a partir de su entrada en vigor, desde un punto de vista material y procedimental las ayudas sociolaborales como mecanismo de cohesión, bienestar y protección social en favor de ex trabajadores que en el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía se vieron afectados por determinados procesos de reestructuración de empresas.

El TSJA advierte que aunque el colectivo al que se refiere la demanda lo comprenden efectivamente ex trabajadores de Delphi (“que han sido beneficiarios desde luego durante cinco años de algunas de las medidas del Protocolo como los planes de formación, etc.”), no están comprendidos en el colectivo definido en el Decreto-Ley, que exige además que estuvieran incluidos en las pólizas de seguro colectivo de rentas o se hubieran acogido a Proyectos Personales de Inserción Laboral y por tanto “no pueden ser beneficiarios de las ayudas pretendidas, ya que insistimos el Protocolo no es un convenio bilateral generador de derechos y obligaciones como lo sería un Convenio Colectivo entre empresa y trabajadores, sino el instrumento para canalizar ayudas socio laborales con una vigencia determinada hasta el 2009 y que sin embargo se fue prorrogando injustificadamente en los posteriores desarrollos hasta que se dictó el Decreto-Ley en los que ya la ayuda es reglada”.

Por último, los jueces concluyen que al tratarse de una ayuda con rango de ley, para ser beneficiario de la misma se deben reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos, y añade que “en este marco normativo quedarían incluidos los compromisos de actividad (que no de resultado), por lo que no existe incumplimiento generador de daños y perjuicios que se pretenden en la demanda”, ni tampoco existe “quiebra del principio de igualdad respecto a otros trabajadores que por razones de edad, de incapacidad, etc. si están incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto-Ley, ya que no existe identidad de situaciones y en todo caso la diferencia se encontraría en la propia norma”.

La sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, desestima el recurso de UGT y le impone las costas procesales, limitadas a 1.000 euros.

Diariodecadiz

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