susana-diaz-andaluciaEl magistrado encargado de la causa le declara responsable civil subsidiaria, basándose en el atestado policial en el que se pone de manifiesto que existen indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que se encarga de la investigación de una causa por el presunto fraude en los fondos para los cursos de formación subvencionados por la administración autonómica, ha declarado a la Junta de Andalucía responsable civil subsidiaria.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado de que en un auto de 22 de marzo, el juez resuelve definitivamente la petición de personación en la causa que la Junta realizó en abril de 2015.

Inicialmente se aceptó la personación, pero no se aclaraba si la misma era en calidad de perjudicada o de responsable civil subsidiaria, algo que se ha determinado a raíz de las declaraciones que prestaron en sede policial el pasado 10 marzo los últimos detenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación ‘Eduende’. Estos fueron el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz; el secretario general de ese servicio, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación, José Ángel Gil Flores, y el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez.

Declaraciones

A pesar de que estas personas aún no han prestado declaración en sede judicial, el instructor ya ha decidido que la personación de la Junta en el caso será como responsable civil subsidiaria, lo que implicaría que en un futuro se le podría condenar a pagar el dinero defraudado.

Esta decisión se basa en el atestado policial en el que se pone de manifiesto que existen indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, según ha adelantado la Cadena Ser. La Junta de Andalucía está personada como acusación en otros procedimientos judiciales sobre este supuesto fraude.

Al margen de estos últimos detenidos, desde hace meses están declarando en sede judicial por esta causa alrededor de un centenar de investigados, todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo a petición de este juzgado.

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