El Consejo de Administración del Puerto de Cádiz aprueba la compra de los terrenos de Delphi

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La decisión tiene que ser ratificada aún por Puertos del Estado pero se espera que no haya grandes inconvenientes

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) continúa con su intención de adquirir los terrenos de la antigua factoría de Delphi, en suelo puertorrealeño. Este martes ha dado el primer paso formal para conseguirlo, aprobando en su consejo de administración la propuesta de compra de la parcela de de 276.419 metros cuadrados que permitiría ampliar el espacio ocupado por Autoridad Portuaria, debido a la «escasez de suelo disponible» en la actualidad en La Cabezuela.

Tal y como ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, José Luis Blanco, «esta mañana el Consejo de Administración ha aprobado la compra de los terrenos de Delphi, lo que nos permite trasladar una oferta oficial a la administración concursal para que la valore. Esperamos que los trámites administrativos se desarrollen lo más rápidamente posible».

Según datos ofrecidos por la APBC, en el Bajo de La Cabezuela solo queda libre un 16% de suelo empresarial, por lo que se prevé que en cinco años se haya agotado, de ahí que la gerencia del Puerto haya visto una oportunidad de crecimiento ampliando la superficie con los suelos de la vecina factoría abandonada. El objetivo último es atender la demanda de suelo de las firmas que ya se encuentran instaladas en esta dársena gaditana. Más

La Autoridad Portuaria quiere los suelos de Delphi

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El puerto gaditano plantea un gran espacio logístico para atender la creciente demanda del muelle de la Cabezuela

Puede ser la última gran oportunidad. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) se plantea comprar los terrenos de la antigua fábrica de Delphi. Según ha podido saber la SER, la idea está avanzada y el presidente de la APBC, José Luis Blanco, va a trasladar la próxima semana al Consejo de Administración la posibilidad de solicitar a Puertos del Estado la autorización para adquirir una parcela de 276.419 metros cuadrados de los terrenos que la empresa de automoción dejó sin actividad en 2007.

La APBC considera interesante la oportunidad que se presenta de adquirir esos terrenos, cerca de los que pasará el tren que aprovechará la conexión ferroviaria del bajo de La Cabezuela. Ocuparía así una parcela en una zona estratégica para el desarrollo industrial de la Bahía de Cádiz, puesto que a su alrededor se sitúan los astilleros de Puerto Real, la planta de Airbus, el futuro Centro de Fabricación Avanzada (CFA), un campus de la Universidad de Cádiz (UCA) y el bajo de La Cabezuela.

Comprando la parcela de la antigua factoría de Delphi la APBC ampliaría el espacio del que dispondría y, de paso, ofrecería la última gran oportunidad a la administración concursal de Delphi para que venda los terrenos, por los que no ha existido una oferta en firme en los últimos años y que estaban abocados a ser subastados una vez pasara el verano.

Atrás quedarían diez años desde que cerrara Delphi y muchas empresas que han preguntado por los terrenos. Incluso al abrigo de esos intereses el Ayuntamiento de Puerto Real aprobó hace meses un reparcelamiento para dividir los terrenos que ocupaba la fábrica en superficies más pequeñas, buscando así que se incrementara el interés entre las medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, los administradores concursales de Delphi no habían recibido una oferta en firme por los terrenos hasta ahora.

Ahora, si la Autoridad Portuaria recibe la autorización de Puertos del Estado, los terrenos de la antigua fábrica de Delphi pueden tener, por fin, un nuevo propietario.

Los suelos de Delphi saldrán a subasta después del verano

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De no producirse ninguna oferta en firme estos meses, es la única opción que contempla la administración concursal

Los terrenos y las naves de la antigua fábrica de Delphi, en Puerto Real, saldrán a subasta después de este verano si hasta entonces no se ha producido ninguna oferta en firme para comprar dichos suelos e instalaciones.

Según ha podido saber este periódico, la situación se ha enquistado hasta tal punto que es la única opción que a día de hoy baraja la administración concursal encargada aún, diez años después del cierre, de gestionar todo lo que tiene que ver con esta factoría de automoción.

De nada ha servido la intensa campaña comercial a nivel nacional y también internacional que los administradores concursales llevan meses realizando. Así, se ha ofrecido a innumerables clientes potenciales en todo el mundo la venta de estos terrenos para iniciar en ellos una nueva actividad industrial, pero nada ha tenido resultado más allá de cierto interés verbal e inicial hace meses de un par de empresas. Pero, más allá de eso, nada se ha concretado ni nadie ha confirmado dicho interés.

Ni siquiera ha servido a este fin el nuevo parcelamiento que aprobó hace meses el Ayuntamiento de Puerto Real para dividir los terrenos que ocupaba la fábrica en superficies más pequeñas, de manera que el interés entre las medianas y pequeñas empresas aumentara. Tampoco ha tenido éxito.

Ni tampoco la pretensión de la propia administración concursal expresada hace más de un año de proceder al derribo de las instalaciones para proceder a la venta de la chatarra resultante de ese proceso. Con los precios actuales, el dinero que pudiera conseguirse una vez derribadas las naves aún en pie no se alcanzaría ni el 5% de la deuda que aún mantiene la antigua Delphi con los acreedores, especialmente con la Seguridad Social y antiguos clientes de la multinacional norteamericana.

Ni que decir tiene que también quedó en el cajón del olvido la propuesta que en su día formuló la Junta de Andalucía, y que fue respaldada por los sindicatos que aún representaban a los ex trabajadores, de incluir los suelos de Delphi dentro del proyecto de Las Aletas. No se contempló, en primer lugar, por el poco interés que desde el inicio mostró el PP, que ostenta la presidencia del consejo rector; y, en segundo lugar, por la aparente desactivación del proyecto después del segundo varapalo del Tribunal Supremo dando la razón a las alegaciones ecologistas.

De esta manera, con la llegada de septiembre se pondrán a la venta a través de subasta los terrenos (hay que entender que también con las naves que se asientan en ellos). El problema de esta situación es que, como ya ocurriera con la subasta de toda la maquinaria que quedó dentro de la antigua fábrica, el precio que se obtenga será muy inferior al que pueda tener en el mercado actual, ya de por sí muy alejado al que tenía cuando cerró. De hecho, si la administración concursal fijó en unos 14 millones de euros el valor de comprar de todos los terrenos de Delphi hace unos años, el precio actual ya estaría muy por debajo de ellos.

Es más, cuando se subastó la maquinaria, lo recaudado finalmente después de varios días de venta en el año 2010 fue de ocho veces menos de su valor. De hecho, se lograron 8 millones de euros, cuando el informe que había elaborado la propia administración concursal cifraba el valor de mercado de la maquinaria en alrededor de 48 millones.

De esta manera, queda por ver qué sistema de subasta se sigue una vez se tome la decisión o si, entre tanto, alguna de las empresas que mostraron cierto interés hace meses se deciden por apostar definitivamente por estos terrenos. Lo que sí parece descartado es que en este proceso de compraventa intervenga finalmente cualquier administración pública.

Delphi Sant Cugat se reinventa

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Sant Cugat del Valles Valles Occidental 22 03 2017 Economia Report sobre la reconversion de la fabrica Delphi de Sant Cugat y recolocacion de sus trabajadores en unas nuevas empresas Arxiu DG 170322 ex 0027 en la foto Interior de instalaciones de la antigua Delphi en Sant Cugat FOTO PUIG JOAN

Parte de los trabajadores han sido recolocados en las cuatro empresas que ocuparán las instalaciones

La nave ha albergado durante más de medio siglo una fábrica de bombas de inyección diésel

Delphi ha muerto en Sant Cugat del Vallès, pero no del todo. Su espíritu se mantiene, por ahora, a través de las paredes que conforman la nave que durante más de medio siglo ha acogido la producción de bombas de inyección diésel, y que ha ocupado a tantos trabajadores de la localidad pero también de todo el Vallès. Ahora, con el cierre de la planta, se ha procedido a despedir a los 534 empleados que han aguantado hasta el último día y recolocar a parte de ellos, concretamente a 208, en alguna de las cuatro empresas que se han quedado la planta de producción.

Corría el año 1959 cuando empezaron las obras de fabricación de la nave sobre unos antiguos viñedos en la carretera de Cerdanyola, una factoría que abriría puertas y empezaría a producir dos años después bajo la marca Condiesel. Los nombres cambiaron, pero la producción siempre fue la misma: Lucas, LucasVarity, TRW y finalmente Delphi. “Entre 2003 y 2005 llegamos a ser hasta 1.540 trabajadores”, recuerda José Antonio Morán, presidente del comité de empresa en la última etapa de la firma.

Enfundado en su ropa de trabajo, Morán forma parte de la pequeña parte de 25 empleados de Delphi que aún operan en Sant Cugat con una pieza que no ha sido homologada para la planta de Rumanía. Será el último reducto, dado que la planta se encuentra en plena transformación, gracias a un acuerdo de continuidad con el grupo formado por las empresas J. Juan, Gutmar, Gillera e ISEE y a un proceso de reindustrialización y recolocación en el que intervino MOA BPI Group.  Más

El exconsejero Manuel Recio citado como imputado por la formación

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La juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar como investigado este lunes al exconsejero de Empleo Manuel Recio en la pieza separada de los cursos de formación que afecta al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda en relación con los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi.

Mediante una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla cita a declarar como investigado este lunes día 27 de marzo, a partir de las 10,00 horas, al que fuera consejero entre los años 2010 y 2012, al que atribuye presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Cabe recordar que fue la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó a la juez que citara a declarar como investigado a Manuel Recio dentro de una pieza en la que también está siendo investigado su antecesor en el cargo, Antonio Fernández.

En esta misma providencia, la instructora reclama a la delegación provincial del Servicio de Andaluz de Empleo en Cádiz que identifique a los funcionarios o al titular de la secretaría del SAE en esa provincia entre 2009 y 2011, ambos inclusive.

La instructora también libra oficio a la Consejería de Empleo para que informe sobre los directores generales que certificaron las subvenciones concedidas entre el 10 de agosto de 2009 y el 26 de febrero 2010 a las asociaciones AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura “o que ocuparon los cargos durante la tramitación” de las mismas. Más

Anticorrupción pide imputar a varios sindicalistas y al exchófer de Guerrero por sobrecomisiones de los ERE

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que impute a una docena de personas, entre ellas varios sindicalistas de UGT y CCOO y Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE irregulares.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita a la magistrada que cite como investigados al exsecretario general del sindicato UGT en Cádiz Salvador Mera; al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, y al exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO José Luis Montesinos.

También reclama a la juez que impute en esta pieza, donde están siendo investigadas una treintena de personas, a Patrocinio Sierra García, esposa del ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, y al exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso, entre otros.

Asimismo, y en este escrito consultado por Europa Press, la Fiscalía insta a la juez a reclamar los refuerzos personales y materiales que estime “necesarios” para evitar “nuevos retrasos” en la tramitación de la pieza separada por las sobrecomisiones y en el resto de piezas desgajadas de la causa matriz.

Así, el Ministerio Público interesa que “se proceda a la tramitación y en su caso la práctica” de una serie de diligencias que solicita “a la mayor brevedad posible atendiendo a la actual carga de trabajo del Juzgado, instando, bien de la Administración prestacional, bien del TSJA, los refuerzos personales y materiales que se estimen necesarios”.

La Fiscalía manifiesta que “la extensión y complejidad” de la causa “exige que se proceda a una determinación más precisa de los hechos” que se investigan a fin de facilitar “no sólo el avance de la instrucción de las presentes diligencias –las sobrecomisiones– sino del resto de piezas relativas a singulares ayudas sociolaborales en las que personas investigadas en las presentes actuaciones, mediante la inclusión de personas ajenas a la empresa, hayan obtenido una ganancia ilícita”.

De igual forma, explica que en esta pieza separada se investiga “la consideración de caudales públicos de las denominadas sobrecomisiones, entendidas éstas como aquellas cantidades fijadas en la contratación de pólizas de renta y capital vinculados a ERE y que eran abonadas con fondos públicos de la Junta cuyo destino era distribuirse como ganancia ilícita entre las personas físicas y entidades que participaban en la negociación y contratación de las pólizas”. Más

Los parados de Cádiz ponen deberes a los políticos

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Representantes de la Mesa por el Empleo exigen un compromiso a diputados y parlamentarios gaditanos para sacar a la provincia del agujero laboral

Los distintos colectivos que integran la Mesa por el Empleo de la provincia quieren un compromiso político para sacar a Cádiz lo antes posible del agujero laboral en el que se encuentra sumida desde hace décadas. Representantes de varias organizaciones sociales, sindicatos y portavoces de los parados de larga duración de la Bahía mantendrán el próximo viernes una reunión en la Casa de Iberoamérica con diputados y parlamentarios de Cádiz con el ánimo de presentar y transmitir las conclusiones a las que se han llegado tras elaborar un denso documento sobre la situación sociolaboral de la provincia y sus consecuencias. Este informe, en el que han participado un centenar de expertos, se ha desarrollado a lo largo de un año analizando todos los sectores productivos de la provincia y sus expectativas de futuro. El estudio plantea 123 medidas para recuperar el empleo en la provincia.

Los principales representantes de la Mesa por el Empleo han destacado esta mañana que la provincia necesita con urgencia la implantación de un plan de choque para combatir la situación de catástrofe laboral que vive. Francisco Senra, uno de los integrantes del colectivo, ha puesto de manifiesto que el documento es fruto de un encargo político. En abril de 2016, los integrantes de la Mesa por el Empleo fueron recibidos en el Congreso de los Diputados por todo el arco parlamentario y de esa reunión salió la necesidad de elaborar una radiografía de la situación de Cádiz. Según el propio Senra, «el trabajo de campo ya se ha hecho y ahora toca que los políticos tomen medidas para ejecutar las propuestas». En séte sentido ha señalado que el plan de choque que se prevé en ese estudio necesita, al menos, de un presupuesto de 52 millones de euros para su aplicación y poder así sacar del paro y la exclusión social a más de 2.000 familias. Insisten en que la financiación de este plan de choque es perfectamente asumible en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Más

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